En un nuevo revés para la ambiciosa reforma laboral impulsada por el Gobierno Nacional, la Justicia del Trabajo dictó una medida cautelar que suspende la aplicación de la «esencialidad educativa». La resolución surge tras una demanda presentada por la Unión Docentes Argentinos (UDA), el gremio liderado por Sergio Romero, que cuestionó la constitucionalidad de limitar el derecho a huelga en el sector pedagógico.

El fallo pone en pausa los artículos de la Ley 27.802 que pretendían catalogar a la educación como un servicio esencial, una figura jurídica que obliga a mantener guardias mínimas durante las medidas de fuerza, restringiendo severamente la capacidad de protesta de los sindicatos. Según el juez interviniente, existen indicios de que la norma vulnera principios fundamentales del derecho laboral y garantías constitucionales de los trabajadores de la educación.

Desde la UDA celebraron la decisión. Sergio Romero subrayó que el foco de la gestión pública debería estar en «asegurar salarios dignos y condiciones adecuadas de enseñanza» en lugar de implementar mecanismos de coerción sindical. Este fallo se suma al reciente freno judicial obtenido por la CGT, consolidando un escenario de fuerte judicialización sobre el nuevo marco normativo laboral.