En un paso clave dentro de su estrategia para reducir el déficit fiscal y reordenar el sistema de subsidios energéticos, el Gobierno nacional obtuvo la media sanción en la Cámara de Diputados para modificar de raíz el Régimen de Zona Fría. El proyecto, impulsado de manera conjunta por el Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía, busca generar un ahorro estimado en $272.100 millones, redefiniendo el alcance de las bonificaciones en las boletas de gas natural justo antes del inicio de la temporada invernal.

La reforma estructural altera significativamente el mapa de beneficios que había sido ampliado en el año 2021. De convertirse en ley en la Cámara de Senadores, el nuevo esquema implicará que más de 3,4 millones de usuarios residenciales perderán de forma directa sus históricos descuentos en el consumo de gas. Como consecuencia, consultoras privadas y estimaciones oficiales anticipan que las facturas sufrirán incrementos inmediatos de entre un 30% y un 55%, golpeando con fuerza las economías de los hogares de ingresos medios y altos.

El nuevo marco regulatorio establece que el beneficio pleno de la Zona Fría volverá a limitarse exclusivamente a su delimitación histórica: la Región Patagónica, el departamento de Malargüe en la provincia de Mendoza y la zona de la Puna. Para el resto de los distritos que habían sido incorporados en la extensión previa —como el centro y sur de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y La Pampa—, el subsidio geográfico dejará de ser automático. A partir de ahora, para conservar una tarifa diferenciada, los usuarios de estas denominadas «zonas ampliadas» deberán cumplir de forma obligatoria con los requisitos socioeconómicos del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), demostrando ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales o condiciones particulares de vulnerabilidad social.

Desde la administración nacional justificaron la medida señalando que el fondo fiduciario actual, financiado con un recargo del 7,5% en las boletas de todo el país, presentaba un déficit insostenible que obligaba a recurrentes transferencias del Tesoro y cortaba la cadena de pagos a los productores.