En el marco de la aplicación de las normativas vigentes sobre el ejercicio profesional en el ámbito estatal, las autoridades aclararon los criterios con los que se fiscalizará el cumplimiento del requisito de matriculación para el personal de la administración pública. Al respecto, se puntualizó que el foco del control estará puesto estrictamente en que los profesionales cuenten con su situación regularizada hacia adelante, tomando como fecha clave a partir de marzo de 2026.

De este modo, se desmarcó al Estado de los conflictos o deudas que puedan existir entre los trabajadores y sus respectivos colegios profesionales. Los lineamientos dictan que cualquier tipo de morosidad por períodos pasados o los planes de pago pendientes con las entidades colegiadas constituyen un asunto privado entre el profesional y su colegio, por lo que no será un tema de intervención o problema para la administración pública en este proceso.

Notificación electrónica y nueva plataforma de carga

Todos los profesionales que se desempeñan en la administración pública ya han sido formalmente notificados sobre los alcances de este decreto. La comunicación se realizó de manera directa a través del Domicilio Especial Electrónico de cada empleado, asegurando que todo el personal tome conocimiento de las nuevas exigencias de regularización.

Por otra parte, se confirmó que se está coordinando activamente con los equipos de desarrollo informático para simplificar el proceso de acreditación. Próximamente, se habilitará una nueva funcionalidad dentro de la página web de empleados públicos. A través de este espacio digital, cada profesional tendrá la responsabilidad de cargar de forma autónoma su constancia de matrícula vigente, ya sea mediante la presentación de comprobantes de pago mensuales o el aval de la anualidad completa, dando así un cumplimiento efectivo al requisito legal.