El reciente anuncio del INDEC, que sitúa la inflación de abril en un 2,6%, es presentado por el oficialismo como un triunfo de la macroeconomía, pero para el bolsillo del ciudadano de a pie, este dato no es más que una victoria pírrica en medio de una guerra de desgaste. Si bien el número marca una tendencia a la baja en la velocidad del aumento de precios, la realidad es que los precios no bajan, solo suben más lento, y lo hacen sobre una base que ya es prohibitiva para la mayoría de los argentinos. Con una inflación acumulada del 324% en los últimos doce meses, hablar de «desaceleración» resulta casi un insulto a la inteligencia de quienes deben hacer malabares para llegar a fin de mes.

El análisis crítico de estas cifras revela una trampa estadística peligrosa. La supuesta estabilidad se ha logrado a costa de una recesión brutal que ha secado la plaza de consumo; la gente no compra, no porque los precios sean justos, sino porque el poder adquisitivo ha sido pulverizado. Es la paz de los cementerios aplicada al mercado: los precios se calman porque la demanda está muerta. Además, esta cifra de abril ignora los ajustes pendientes en tarifas de servicios públicos y combustibles que, tarde o temprano, volverán a presionar la estructura de costos.

Mientras los indicadores financieros celebran en las oficinas del centro porteño, las góndolas de los supermercados cuentan una historia diferente. El rubro de alimentos y bebidas sigue mostrando una resistencia preocupante a la baja real, afectando de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables. Celebrar un 2,6% de inflación mensual en un país con niveles de pobreza que superan el 50% es ignorar que, incluso a este ritmo, Argentina sigue ostentando una de las inflaciones más altas del planeta.