El anuncio del presidente Javier Milei sobre la inminente presentación de una «reforma general del régimen laboral» ha encendido las alarmas en el ámbito sindical y entre los especialistas en derecho del trabajo. Aunque el Gobierno justifica la medida como un intento de «darle previsibilidad a las empresas» e «incentivar la contratación formal» para combatir la litigiosidad y la informalidad, la preocupación central radica en el posible desmantelamiento de protecciones históricas para los trabajadores.
La propuesta, según trascendió, buscaría eliminar la «industria del juicio» y modernizar los convenios colectivos que, a criterio del Ejecutivo, han quedado obsoletos y operan como un freno para el empleo. No obstante, es precisamente el concepto de «flexibilización» el que genera temor.
https://youtu.be/cm7sVzNIq1I
Los Ejes de la Inquietud Sindical y Social
La inquietud principal de los gremios y organizaciones de trabajadores se centra en varios puntos clave que, temen, podrían traducirse en una precarización del empleo:
- Aumento de la Flexibilidad Laboral: La promesa de «mayor flexibilidad» es interpretada como un posible recorte a las indemnizaciones por despido sin justa causa, o la implementación de un sistema de «banco de horas» que, si bien el Gobierno promociona como un equilibrio entre productividad y bienestar, podría significar una dilución de las jornadas laborales fijas y el pago de horas extra, obligando a los trabajadores a adaptarse a demandas estacionales o temporales sin compensación adecuada.
- Riesgo de Precarización en la Contratación: Si bien el objetivo oficial es llevar a cientos de miles de trabajadores a la formalidad, la simplificación registral y la supuesta «mayor libertad en contratos laborales» podrían abrir la puerta a figuras contractuales que debiliten la estabilidad y la relación de dependencia, desdibujando los límites del empleo registrado.
- Ataque a la «Industria del Juicio»: La intención de «poner fin a la industria de juicios» es vista por los sindicatos como un intento de restringir el acceso de los trabajadores a la justicia para reclamar sus derechos. Argumentan que el problema de la litigiosidad radica en el incumplimiento patronal de las leyes laborales y no en el marco legal vigente.
- Modernización de Convenios Colectivos: La propuesta de modernizar los convenios con más de 70 años de antigüedad es considerada por los trabajadores como un paso hacia la descentralización de la negociación colectiva. Temen que se busquen convenios «a la baja», es decir, que se negocien condiciones menos favorables que las actuales, debilitando el poder de los gremios para proteger salarios y condiciones de trabajo.
En este contexto, donde el Gobierno impulsa reformas económicas «para dinamizar la economía» y «beneficiar a las pymes,» los trabajadores y sus representantes se preparan para dar una dura batalla en el Congreso. La profundización de la caída del poder adquisitivo y el aumento de despidos y suspensiones desde fines de 2023 no hacen más que aumentar la tensión, ya que ven en esta reforma laboral la posibilidad de que los costos del ajuste recaigan una vez más sobre el eslabón más débil de la cadena productiva. La presentación de esta reforma ante el nuevo Congreso, tras las elecciones, se proyecta como el inicio de un intenso conflicto político y social en defensa de las conquistas laborales.
