Las distribuidoras Edenor y Edesur pidieron este lunes un incremento tarifario que permita hacer frente a los costos operativos en el curso de 2023, pero el interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Walter Martello, les advirtió que solo tendrán tarifas que sean “asequibles para los usuarios”. Fue en una nueva audiencia pública virtual convocada para definir las tarifas de la distribución de energía eléctrica, en la que no faltar cruces de postura.
De todos modos Federico Méndez, de Edenor, dio una idea de los valores a los que aspiran. Señaló que si se aplican los ajustes tarifarios solicitados “el 80% de los usuarios residenciales” del área de cobertura de la compañía pasará a pagar una factura promedio de $2.757 mensuales, nivel necesario para hacer frente a un déficit operativo que, de no mediar incrementos, llegaría en todo el año a $205.760 millones.
Jorge Lemos, de Edesur, no dio ejemplos sobre valores promedio de facturas, pero advirtió que el déficit operativo de la firma sería de $118.600 millones si no hubiese ajuste tarifario. Ambos representantes destacaron que las tarifas resultantes de los aumentos requeridos seguirían estando “muy por debajo” de los servicios de televisión por cable, internet o telefonía celular.
Ya en la apertura de la audiencia el titular del ENRE advirtió a las concesionarias que “no van a obtener la tarifa que piden” y puntualizó que “el Estado no puede ni debe renunciar a su poder tarifario”. Además, Martello señaló que “la focalización de subsidios es una tarea que le lleva ingentes esfuerzos al Estado en tiempo y recursos”. “A las empresas distribuidoras les decimos lo mismo que en la audiencia anterior le dijimos a las transportadoras: no van a obtener la tarifa que piden, van a obtener la tarifa que los usuarios puedan pagar”, subrayó.
“Lo bizarro es pretender tarifas del primer mundo ofreciendo servicios del tercer mundo”, manifestó, en referencia a las declaraciones del CEO de Enel, Francesco Starace, quien en una disertación en la Escuela de Negocios de Harvard había asegurado que la Argentina “tiene la regulación más bizarra del mundo” y que por eso pretenden abandonar sus operaciones en el país.
“Resulta bizarro no poder gestionar un negocio en un mercado no competitivo y con usuarios cautivos”, continuó Martello, y agregó que “si las pésimas calidades de servicio se producirían en un mercado competitivo, el operador del servicio deficiente se quedaría sin ningún cliente”.
Méndez indicó que en la actualidad la tarifa de Edenor se compone de un 56% de costos de generación, 20% de distribución, 1% de transporte y 23% de impuestos, pero que hace cinco años la distribución contaba con una participación del 33% y la generación del 42%. Esa diferencia, aseguró, obedeció a que “todo el incremento de la factura derivada de la segmentación tuvo como destino a la etapa de generación y a las petroleras”, de manera tal que en la actualidad “de cada $1.000 que se pagan de una factura, a Edenor solo le quedan $200 y es el único ingreso que recibe para sueldos material e inversiones”.
Por su parte, Lemos hizo referencia a un documento de la Secretaría de Energía en el que se reconoce que la resolución de la cuestión tarifaria es “imperante” y señaló que, del total de la tarifa final del servicio, a la compañía le corresponde el 17%, en tanto el 58% se va en la atención del costo de energía y el 25% en impuestos.
Martello reivindicó el régimen sancionatorio vigente en el país y señaló que no posee un carácter represivo sino una naturaleza contractual y un propósito reparador y retributivo. “El objeto de las sanciones contenidas en los contratos de concesión y en la Ley Nº 24.065 no pretende ser un castigo, sino incentivar a la concesionaria para que cumpla los niveles de inversión que aseguren la calidad y eficiencia de la prestación del servicio brindado”, explicó.
Fuente: DiarioAr
