Tras meses de intensa crisis política y bajo la presión de denuncias por presunto enriquecimiento ilícito y corrupción, Manuel Adorni presentó su renuncia formal a la Jefatura de Gabinete. La salida del funcionario marca el cierre de una prolongada agonía institucional que el Gobierno nacional intentó dilatar, sosteniéndolo en su cargo hasta las últimas consecuencias.

El declive de Adorni se aceleró a raíz de fuertes cuestionamientos sobre su patrimonio y polémicas explicaciones respecto al uso de recursos públicos, como el financiamiento estatal para el traslado de su esposa en viajes oficiales al exterior. A pesar de haber defendido la legalidad de sus bienes y de alegar que su fortuna fue construida antes de ingresar a la función pública, el impacto en la opinión pública y la multiplicación de críticas terminaron por minar su permanencia.

La presión política, complementada por reclamos internos del arco aliado —incluyendo duras declaraciones de Mauricio Macri—, volvió insostenible la continuidad del exvocero en el núcleo duro de la Casa Rosada. En su carta de dimisión, Adorni ratificó su inocencia y calificó las acusaciones en su contra como falsedades mediáticas.

Con el regreso del presidente Javier Milei de su última gira internacional, se oficializó un recambio que busca descomprimir la tensión en el Poder Ejecutivo. El Gobierno, que ahora evalúa a Diego Santilli como su posible sucesor, enfrenta el desafío de reorganizar su mapa de poder y dejar atrás un escándalo que afectó severamente su narrativa de transparencia.