El impacto de la «motosierra» se concentró particularmente en cuatro grandes organismos y empresas públicas que, en conjunto, representan el 20,7% del total de empleos eliminados. Estas son el Correo Argentino, la Operadora Ferroviaria S.E., el Banco Nación y Aerolíneas Argentinas.
El caso más notorio en términos absolutos es el del Correo Argentino, que encabeza el ranking con una reducción de 5.063 puestos de trabajo. Esta cifra subraya el profundo ajuste que sufrió la empresa de correos estatal, vital para la comunicación y la logística a nivel nacional. Le sigue la Operadora Ferroviaria S.E., que recortó 3.116 empleos, un movimiento que resalta las intenciones de reestructurar o privatizar el sistema ferroviario estatal, afectando a miles de familias que dependen de esta actividad.
En tercer lugar se ubicó el Banco Nación, que eliminó 1.968 puestos. La reducción en esta entidad financiera clave, que desempeña un rol esencial en el financiamiento productivo y la inclusión financiera, generó preocupación respecto a su capacidad operativa y su función como motor de desarrollo. Finalmente, Aerolíneas Argentinas se posicionó como la cuarta empresa con más despidos, con 1.782 cesantías, a pesar de reportar ganancias en algunos períodos, lo que sugiere que la política de ajuste trasciende los resultados económicos inmediatos y se enmarca en un plan ideológico de minimización del rol estatal en la economía.
Otras empresas también sufrieron recortes significativos. Por ejemplo, AySA (Agua y Saneamientos Argentinos) redujo su planta en 1.647 puestos de trabajo, en un contexto de discusiones sobre la concesión y el futuro de los servicios de agua y saneamiento.
Organismos y Reparticiones Públicas: El Vaciamiento Institucional
Aunque las empresas estatales lideran el ranking en términos de despidos absolutos, el vaciamiento más severo, en términos de proporción sobre la planta, se produjo en organismos clave y la administración central.
El caso más extremo fue el de la ex agencia de noticias Télam, donde el recorte fue de aproximadamente el 80% de su plantilla, una medida que virtualmente desmanteló la agencia. Le sigue ENARSA Patagonia y luego casos como Educar S.A. y Contenidos Públicos S.E., que también exhiben reducciones especialmente significativas, reflejando un desinterés por parte del Gobierno en el rol del Estado en la comunicación, la educación y la cultura.
Otros organismos técnicos y sociales también fueron fuertemente impactados. La Junta de Seguridad en el Transporte (JST) vio reducida su dotación en un 45%, lo que podría comprometer la capacidad de fiscalización y prevención de accidentes en el ámbito de los transportes. El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) sufrió un recorte del 42%, un golpe para un organismo fundamental en el fomento de la economía social y el cooperativismo.
Incluso el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), pieza clave en el financiamiento del desarrollo productivo, sufrió una reducción del 32% en su planta. La merma en su personal restringe su capacidad para otorgar créditos en condiciones favorables a sectores estratégicos como la industria, la infraestructura y las exportaciones, limitando el apoyo estatal al desarrollo económico.
Implicaciones Generales del Ajuste
El total de 57.621 empleos públicos eliminados, que representa el 16,8% de la planta de personal del Sector Público Nacional, se enmarca en la promesa de campaña de La Libertad Avanza de reducir el tamaño del Estado para alcanzar el déficit fiscal cero. Sin embargo, la crítica sindical y social apunta a que este ajuste se realiza a expensas de la capacidad operativa del Estado, afectando servicios esenciales y la fiscalización.
El informe subraya que el ajuste se focalizó en organismos descentralizados y empresas, que son percibidos como «cajas» políticas o entes prescindibles en la visión libertaria. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ha sido una de las voces más críticas, señalando que estos recortes no solo impactan a los trabajadores cesanteados y sus familias, sino que también degradan la calidad de los servicios públicos ofrecidos a la ciudadanía. La discusión se centra en el equilibrio entre la necesidad de eficiencia estatal y la preservación de las funciones sociales, técnicas y estratégicas que históricamente han sido responsabilidad del Estado.
