Según la presentación realizada, el gobierno provincial ha solicitado que se haga lugar a la medida cautelar tal como se ha peticionado en el escrito cabecera del proceso y se decida la suspensión total de los efectos del Decreto por razones de necesidad y urgencia 70/2023, y que se ordene al Poder Ejecutivo de la Nación no aplicar inmediatamente ninguna de sus disposiciones hasta la resolución definitiva de la presente causa.

El texto también menciona que se han cumplido todas las mandas indicadas por el tribunal, tanto en el expediente principal como en el incidente. De acuerdo a las constancias obrantes en este juicio, la Procuración General de la Nación ha dictaminado a favor de la competencia originaria del más alto tribunal. Asimismo, se informa que la Procuración del Tesoro ya está notificada de la providencia ordenada el 29/12/23.

Esta información es relevante para comprender los argumentos expuestos por el gobierno provincial y su solicitud específica respecto a la suspensión del Decreto 70/2023. Además, se destaca que tanto las autoridades judiciales como los organismos pertinentes están al tanto de esta situación y han tomado medidas correspondientes.

El gobernador de la provincia, Ricardo Quintela, había pedido a fines de diciembre de 2023 que declare la inconstitucionalidad del mega DNU del presidente Javier Milei, que entró en vigencia este viernes. Lo hizo con el patrocinio del exjuez del tribunal, Eugenio Zaffaroni.

En ese entonces, el gobierno de La Rioja pidió al máximo tribunal que declare la «inconstitucionalidad manifiesta» del DNU 70/2023 de desregulación económica, que dicte una medida cautelar que suspenda de inmediato su aplicación y que asuma la «competencia originaria» para entender en el asunto.

Lo hizo a través de una «acción declarativa de certeza» presentada por el gobernador Quintela, con el patrocinio como abogados del exministro de la Corte Raúl Zaffaroni y de Raúl Ferreyra

En la «acción declarativa de certeza» se pidió que se declare «la nulidad absoluta e insanable del decreto n°70/2023 por resultar manifiestamente contrario a la Constitución» y que de manera inmediata «se dicte una medida cautelar que disponga la suspensión total de los efectos».

También se pide a la Corte que ordene al Poder Ejecutivo «no aplicar ninguna de sus disposiciones hasta la resolución definitiva de la presente causa».

La competencia originaria del máximo tribunal se justifica en que en la causa es parte una provincia que demanda al Gobierno nacional.

«Se ha definido que también corresponde a la instancia originaria las causas que se susciten entre una provincia y el Estado federal, en todo tipo de asuntos», argumentaron los abogados.

con información de Ambito