La industria argentina enfrenta un escenario de vulnerabilidad extrema que la sitúa al borde del abismo. Impulsada por una severa caída del consumo interno y la apertura a las importaciones bajo la gestión de Javier Milei, la actividad productiva registra cifras alarmantes. Los especialistas advierten que el año 2026 se perfila para batir un nuevo récord histórico en solicitudes de concursos preventivos de crisis, superando el preocupante techo alcanzado durante 2025.

Los datos oficiales confirman la gravedad de la situación. Tan solo durante el primer trimestre judicial del año (periodo que abarca de febrero a abril), se presentaron 92 pedidos de concurso ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. Desde el sector empresarial comparan el concurso preventivo con la «internación» de urgencia de una firma convaleciente, advirtiendo que el paso definitivo hacia la quiebra representa el fallecimiento de la unidad productiva.

El ahogo financiero se ve agravado por las políticas de recaudación de la agencia fiscal (ARCA), que aplica decenas de embargos automáticos. Esta situación no solo congela la operatividad de las compañías en dificultades, sino que además les genera severos sobrecostos financieros debido al traslado de los expedientes a estudios jurídicos externos y al consecuente pago de honorarios legales.

Mientras tanto, el impacto económico ya se traslada de lleno a los hogares: las deudas por créditos se han disparado un 27%, afectando de manera directa a más de cinco millones de familias que ven licuados sus ingresos en un contexto de profunda recesión económica.