En una jornada marcada por la tensión política y social, las centrales obreras (CGT, CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores) llevan adelante un paro general de 24 horas con un altísimo acatamiento en todo el territorio nacional. La medida de fuerza busca frenar el avance de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, cuyo debate se desarrolla este jueves en la Cámara de Diputados.

Los sindicatos denuncian que el proyecto oficialista representa un retroceso histórico en los derechos de los trabajadores. Entre los puntos más críticos, señalan la posibilidad de extender la jornada laboral a 12 horas, el pago de indemnizaciones en cuotas y la facilitación de los despidos. Aunque el oficialismo logró dictamen tras retirar artículos polémicos —como la reducción salarial por licencias médicas—, el malestar gremial persiste ante lo que califican como un «modelo de ajuste libertario».

El impacto en las provincias

La huelga se siente con especial fuerza en los principales centros urbanos del país:

• Santa Fe y Rosario: El transporte público de corta y media distancia está totalmente paralizado por la adhesión de la UTA. Docentes de Amsafé y trabajadores aceiteros se sumaron a la huelga, mientras se realizan cortes estratégicos y «volanteadas» en los accesos a Rosario y la capital provincial.
• Córdoba: La CGT local se diferenció de la conducción nacional al sumar una movilización masiva por las calles cordobesas. «La Patria no se vende, los derechos se defienden», fue la consigna de los gremios estatales y municipales que paralizaron la actividad en la provincia.
• Chaco y Corrientes: En el Noreste, el servicio de colectivos es nulo. En Chaco, los trabajadores estatales (ATE) y del sector salud mantienen guardias mínimas, mientras que en Corrientes la movilización se dirigió a la Casa de Gobierno para exigir que los legisladores locales voten en contra de la reforma.
• Santa Cruz: Con una adhesión dispar en el transporte según la localidad, el gremio ATE lideró la protesta provincial advirtiendo que la ley implicaría «un retroceso de 100 años» en materia legislativa.

Mientras las calles reflejan el descontento social, el Congreso es el escenario de una batalla legislativa clave. El Gobierno espera lograr la aprobación de la reforma en una sesión que se prevé extensa, bajo la atenta mirada de un país que hoy detuvo su actividad productiva en señal de protesta.