El interbloque Juntos por el Cambio propuso en la sesión de hoy de la Cámara de Diputados que se trate sobre tablas los proyectos que plantean la derogación lisa y llana de la fallida Ley de Alquileres (número 27.551). Sin embargo, el kirchnerismo y sus aliados impidieron que la propuesta prosperase, aprovechándose de que la comisión de Legislación General ha sido cerrada al tratamiento de los proyectos que plantean la derogación y por ello no tienen dictámenes.

Durante la sesión, que comenzó con el quórum de 129 diputados, se logró rechazar el dictamen de mayoría que en mayo de 2022 firmaron los diputados del kirchnerismo, el cual empeoraba aún más la crisis de los alquileres.

Posteriormente, Juntos por el Cambio y otros bloques lograron imponer el dictamen de minoría firmado hace 14 meses, con 125 votos afirmativos, 112 negativos y 3 abstenciones.

Dicho dictamen introduce cambios sustanciales solicitados por inquilinos y propietarios, que fueron escuchados por Juntos por el Cambio.

Fundamentalmente, se removieron los dos grandes obstáculos que introdujo la Ley 27.551. Se redujo de 3 a 2 años el plazo de los alquileres. Y se eliminó el mecanismo indexatorio y los plazos que estableció la polémica ley del año 2020.

De ahora en más, si la media sanción es transformada en ley por el Senado, la actualización de los montos se hará en acuerdo de las partes. Serán el locador y el locatario los que decidirán la actualización por intervalos que no podrán ser inferiores a 4 meses (la ley actual establece la anualidad).

Además, las partes podrán aplicar a tales efectos el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Mayoristas (IPM), y/o el Índice de Salarios (IS) elaborados por el Indec o una combinación de dichos índices, según las partes acuerden. Es decir que locador y locatario tendrán un menú de indicadores para confeccionar el mecanismo de actualización.

La vicepresidenta del Bloque Radical, Karina Banfi, explicó: «Hoy hay que escuchar a inquilinos y propietarios, que nos dicen que no hay oferta, que los alquileres son altos y que esta ley no sirve. Por eso pedimos derogar completamente esta ley, porque entendemos la situación de emergencia en la que se encuentra la Argentina con una súper inflación. No habiendo podido lograr eso hacemos el esfuerzo por derogar los dos artículos conflictivos, manteniendo el resto de la ley, pasando el período de contratación de 3 años a 2, y dejando a las partes que puedan armar su propio modo de ajuste periódico, entre 4 y 12 meses, en base a un índice que puedan acordar. Ese es el Estado presente que debe generar seguridad jurídica para los contratos entre privados. No hay ninguna política habitacional del Gobierno y mientras tanto la inflación esperada para el mes de agosto es de 2 dígitos».

«En Argentina no hay un mercado inmobiliario de grandes empresas o Real Estate como en otros países. Acá lo que hay es jubilados, autónomos, trabajadores, que pudieron comprarse una casa y hoy quieren hacer una diferencia para no tener que pedirle plata a los hijos para que le paguen los remedios. A esos dueños quieren combatir. Son cuentapropistas, no son propietarios con 30 propiedades compradas con la Ley 1050».

De esta manera, si bien por el rechazo del oficialismo no se pudo derogar la norma de 2020, sí se pudo dar un gran paso para subsanar los principales defectos de la Ley 27.551, tras casi tres años de arduas negociaciones.

En todo momento, el kirchnerismo defendió la ley fallida que sólo achicó el mercado de alquileres, encareció los mismos y provocó una crisis inusitada habitacional en las principales ciudades del país.