El ministro de Economía, Luis Caputo, se dirigió a un grupo selecto de empresarios en un mensaje que, más que un plan económico, pareció un pacto de clase donde los costos de la «transformación» recaerán, una vez más, sobre los trabajadores y jubilados. En un tono de confianza hacia un sector que ya ha sido históricamente beneficiado, el funcionario prometió el avance de las tan mentadas reformas laboral y previsional, eufemismos que la experiencia histórica ya ha demostrado que significan, en la práctica, la flexibilización del empleo y el deterioro del sistema jubilatorio.

Caputo se congratuló por el «orden fiscal y monetario» alcanzado, sin reconocer que este equilibrio se logra a costa de una dramática caída del salario real y un ajuste brutal del gasto social. La promesa de una reforma laboral se presenta bajo el velo de la «competitividad» y la «inversión privada», pero omite el verdadero propósito: reducir los costos patronales mediante la precarización de las condiciones de contratación, la disminución de las indemnizaciones y la limitación del poder de negociación de los sindicatos. Se busca un modelo de «empleo barato» y de fácil descarte, donde la única garantía parece ser la libertad del empleador para maximizar su ganancia, sin contrapesos sociales.

De igual modo, la reforma previsional augura una nueva ofensiva contra un sistema que ya está al límite, buscando probablemente modificar la fórmula de movilidad para licuar aún más el poder adquisitivo de los jubilados, o impulsar modelos de capitalización que ponen el futuro de millones en manos del volátil mercado financiero.

Al descartar una devaluación y asegurar un «contexto económico mucho más previsible,» el ministro tranquilizó a los dueños del capital, pero no ofreció ninguna certeza a los trabajadores, quienes ya ven cómo el supuesto «ahorro fiscal» no se traduce en recuperación salarial, sino en la liberación de fondos para la «inversión del sector privado»—un sector que ahora es invitado a «acompañar el proceso» que le garantiza mayores márgenes de ganancia a costa de derechos adquiridos.

La convocatoria a «construir un nuevo país» suena más a un llamado a sacrificar derechos en el altar de la desregulación, priorizando la rentabilidad empresarial sobre la justicia social. El supuesto «desafío» de la competencia recae exclusivamente sobre la base de la pirámide social, mientras que el sector empresario recibe promesas de marcos normativos hechos a su medida.