La solicitud, que será canalizada por el Senador Julio Martínez a través de la Comisión Bicameral competente, se funda en el grave hecho de la retención por parte del gobierno de la Provincia de La Rioja, de los fondos previstos en la Ley Nacional 26.075 de Financiamiento Educativo.

La Intendenta de Capital, Inés Brizuela y Doria, fue recibida por el Presidente de la Auditoría General de la Nación, Dr. Jesús Rodríguez, para solicitar se disponga una auditoría sobre los fondos girados desde Nación al gobierno provincial en concepto de Financiamiento Educativo, que a la fecha ascienden a más de 14.200 Millones de pesos.

Recordemos que a partir de la sanción de la ley 26.075, se crea el Fondo de Financiamiento Educativo, con destino específico para aumentar la inversión en educación, ciencia y tecnología, reafirmando el rol estratégico de la educación en el desarrollo económico y socio cultural del país.

A partir del año 2013, las sucesivas leyes de presupuesto nacional han impuesto la obligación del reparto automático a los municipios de los recursos afectados al Financiamiento Educativo. Desde ese año a la fecha, el gobierno provincial ha INCUMPLIDO las disposiciones del Poder Ejecutivo Nacional y de los legisladores nacionales.
En la Ley 27.591 de presupuesto vigente, se mantiene la obligación de reparto automático a los municipios, y se agrega la novedad de la educación no formal como parte de las funciones y finalidades del Fondo de Financiamiento Educativo.

El Municipio de Capital, en cumplimiento de las disposiciones de la Ley Nacional de Educación, presta servicio educativo con 3 escuelas primarias y 5 jardines. Además de educación no formal a través de su escuela de arte, música y demás actividades artísticas y deportivas.

Desde 2013 a la fecha, el gobierno provincial recibió desde Nación más de 14.200 Millones de pesos en este concepto. Pero jamás cumplió la obligación de coparticipar dichos recursos al Municipio de Capital.
«Estos fondos son de los niños, niñas y adolescentes que concurren a nuestros jardines, escuelas, y escuela de arte y centros deportivos. Son recursos con destino específico que no han sido utilizados para los fines previstos por la ley», expresó la Intendenta de Capital.

«Es mi obligación como intendenta del Municipio que concentra casi el 60% de la población total de la provincia, exigir que los recursos destinados a educación lleguen a destino. Solo la educación nos hace libres, y aquí se está incumpliendo el destino establecido por ley del Congreso de la Nación para estos recursos», finalizó Brizuela y Doria.