El proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) alcanzó una definición clave tras la apertura de sobres en la licitación pública nacional e internacional. Un consorcio de empresas locales e internacionales resultó ganador al ofertar USD 340,2 millones por el 90% del paquete accionario de la compañía estatal que abastece de agua potable y servicios sanitarios a 14 millones de personas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El grupo adjudicatario está conformado por la brasileña Arcos Saneamento e Participações SA (del Grupo Equipav, designada como operador técnico), las firmas argentinas Rowing SA y Transclor SA, y el vehículo de inversión PHX Aqua AR B.V. La propuesta superó en cerca de un 20% a la presentada por el Grupo Roggio, que ofreció USD 285 millones.

Cronograma y plan de inversiones

El traspaso formal de la operación está proyectado para realizarse entre enero y febrero de 2027. A partir de ese momento, el operador privado asumirá el control bajo un contrato de concesión con un plazo de 30 años (con posibilidad de prórroga por diez años adicionales).

El pliego impone un plan de inversión exigente:

• USD 2.000 millones obligatorios durante el primer quinquenio (2027-2031).
• USD 15.040 millones de inversión total a lo largo de los 30 años de contrato.
• Toda la infraestructura existente y las nuevas obras (redes, plantas y bombas) seguirán siendo propiedad del Estado nacional al finalizar la concesión.

La prioridad del nuevo operador estará enfocada en optimizar la red existente, corregir las pérdidas de agua no contabilizada (que actualmente representan el 42%) y sanear problemas críticos como la contaminación por nitratos, incrementando gradualmente los niveles de cobertura en la región.

¿Qué pasará con las tarifas y la tarifa social?

El contrato de concesión no prevé un congelamiento ni un incremento tarifario de fondo inmediato. Para el período 2027-2031, los ajustes en las boletas se regirán por dos mecanismos: el coeficiente «K» (asociado a la variación de costos de producción) y el «Factor C» (ligado al cumplimiento de metas de calidad y desempeño).

La primera revisión tarifaria integral se llevará a cabo recién en el cuarto año del contrato (de cara al ciclo 2032-2036) ante el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS). Además, se confirmó que la tarifa social continuará vigente sin modificaciones para los más de 160.000 usuarios beneficiados.

Empleados y recaudación fiscal

En el ámbito laboral, el pliego no exige la estabilidad de la nómina actual. Tras una etapa de reestructuración en la que la planta se redujo de 7.700 a 5.890 empleados, el nuevo operador mantendrá los convenios colectivos vigentes pero tendrá potestad para reorganizar funciones e incorporar tecnología.

A pesar de que el monto final ofertado (USD 340,2 millones) se ubicó por debajo de los USD 500 millones proyectados originalmente por el Ministerio de Economía, desde el Gobierno remarcaron que el valor refleja la fuerte carga de inversión inicial que la empresa privada deberá asumir para revertir el déficit de infraestructura acumulado.