La Confederación General del Trabajo (CGT) ha llevado a cabo una reunión clave de su Consejo Directivo con el objetivo central de fijar una postura única y contundente en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional de Javier Milei, la cual ha sido enviada al Congreso para ser tratada durante las sesiones extraordinarias. Esta reunión, que tuvo lugar en la sede de la central obrera, ratificó el malestar generalizado del sindicalismo y trazó una hoja de ruta que combina acciones institucionales, judiciales y una demostración de fuerza en la calle.
La principal conclusión del encuentro es la definición de un «rechazo explícito y unánime» al proyecto oficial. La CGT considera que la iniciativa representa un paso claro hacia la precarización laboral y, en muchos de sus puntos, roza la inconstitucionalidad. Uno de los aspectos más sensibles y que el sindicalismo considera «innegociable» es el intento de alterar el esquema de las convenciones colectivas de trabajo, herramienta fundamental en la negociación de las condiciones laborales. Los gremios argumentan que cualquier modificación en la legislación laboral debe ser fruto del diálogo tripartito y no una imposición unilateral del Ejecutivo, menos aún a través de un tratamiento «entre gallos y medianoche» y con premura legislativa.
Si bien al inicio se especuló con que el Consejo Directivo podría abstenerse de anunciar medidas de fuerza inmediatas, primando las acciones «institucionales», el ala más combativa de la central logró imponer un plan de lucha. Como resultado, se ratificó la convocatoria a una movilización a Plaza de Mayo para el próximo jueves 18 de diciembre, con el propósito de manifestar masivamente la oposición a la reforma. Esta marcha busca ser una señal «contundente» y una «demostración de fuerza» hacia el oficialismo y los legisladores. Además de la movilización, la estrategia incluye el «frente judicial», ya que la central obrera advierte que presentará recursos de amparo y acciones de inconstitucionalidad contra los aspectos más cuestionados de la ley una vez sea aprobada.
La postura de la CGT se ha visto reforzada por el acercamiento y el trabajo conjunto con el peronismo parlamentario. De hecho, los triunviros de la central mantuvieron reuniones previas con senadores del bloque peronista, quienes se comprometieron a rechazar el proyecto en el Congreso. Esta coordinación entre el movimiento obrero, los gobernadores del Partido Justicialista (PJ) y los legisladores busca conformar una «masa crítica» capaz de frenar o, al menos, modificar sustancialmente la ley en su paso por el Senado y la Cámara de Diputados.
Dentro de la CGT, existe un clima de creciente malestar, generado por la percepción de que el Gobierno ha avanzado en la redacción del texto sin una verdadera negociación con los representantes de los trabajadores. La falta de acceso al texto final y la ausencia de un diálogo fluido con el Ejecutivo han hecho que la instancia consultiva se haya reducido, a ojos de los sindicalistas, a un mero intercambio de títulos. Aunque un sector moderado de la central confía en abrir canales políticos con figuras cercanas al Presidente para introducir cambios, la decisión mayoritaria ha sido la de plantear una «etapa de defensa y resistencia» que no descarta ninguna medida de acción futura, incluyendo un posible paro general si la ofensiva del Gobierno se mantiene. En este contexto, la CGT busca presionar para que el debate no sea acotado y que se respete el proceso democrático y el derecho de participación de los sindicatos en un tema tan sensible para el futuro de millones de trabajadores.
