El Tribunal rechazó apartar al juez y a los fiscales

La Justicia argumentó su negativa con una resolución de 20 páginas, donde afirma que no había «razones legítimas ni objetivas» para apartar a los funcionarios judiciales que acusan a la vicepresidenta.

El Tribunal Oral Federal (TOF) Nº2 rechazó las recusaciones presentadas por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el juicio oral de la causa «Vialidad», donde la expresidenta es acusada de cometer presuntos actos de corrupción en el otorgamiento de contratos de obras públicas para el empresario Lázaro Báez, en la provincia de Santa Cruz.
La Justicia dispuso una resolución de 20 páginas para argumentar su negativa, señalando que no hay «razones legítimas ni objetivas que avalen la posición de los incidentistas». Además, el TOF remarcó «la falta de actualidad del agravio».

En concreto, la vicepresidenta solicitó apartar del caso al juez Rodrigo Giménez Uriburu y los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes desplegaron sus hipótesis en cuanto a posibles desvíos en las licitaciones, durante las administraciones kirchneristas, entre el 2003 y 2015.

El pedido de la líder del Frente de Todos se produjo mientras se daba a conocer que esos miembros del Poder Judicial jugaban al fútbol en una quinta del expresidente Mauricio Macri, reflejando un claro conflicto de intereses. Ese planteo había sido apoyado también por las defensas de Julio De Vido, Carlos Santiago Kirchner, Lázaro Báez y Nelson Guillermo Periotti.

En la contestación, el Tribunal consideró que el planteo de Kirchner tuvo «severos déficits argumentales y de razonamiento, que impiden tomar como válidas las premisas fácticas construidas para sustentar los temores invocados de una forma genérica e involucrando en relatos grandilocuentes a las personas a las que dirigieron sus embates».

Con ese tono, agregó: «Las vinculaciones personales que pretenden construirse entre los tres funcionarios públicos recusados con integrantes del partido político opositor a los aquí imputados resulta, a todas luces, carente de elementos de prueba que permitan validarla y otorgarle los efectos jurídicos que se pretende».

Para la Justicia federal, el juez Rodrigo Giménez Uriburu y el fiscal Luciani no forman parte de una conspiración, y habrían tenido posturas contrarias en varios tramos de la causa: «Podríamos profundizar e identificar cada una de las decisiones en que el doctor Giménez Uriburu adoptó una posición contraria a los intereses que en esta causa representa el doctor Luciani», se lee.

Con mayor dureza, añadieron: «Pero no haríamos otra cosa que sobreabundar al solo efecto de evidenciar el yerro y la mala fe procesal en la que incurrieron las defensas que realizaron livianas referencias, sin recurrir como corresponde para ejercer el ministerio que les fue confiado, a las constancias de la causa».

Para concluir con su rechazo, escribieron: «Descartada entonces la razonabilidad de los temores que fueron invocados para cuestionar la imparcialidad y objetividad de los magistrados que intervienen, así como también el infructuoso esfuerzo por objetivar en la actuación profesional del magistrado que integra el Tribunal».

Fuente: Ambito 

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