El Gobierno Nacional ha presentado el texto de una amplia reforma laboral y, en paralelo, impulsa otras iniciativas económicas que generan una profunda inquietud. Bajo el argumento de «reducir la litigiosidad» y «promover el empleo», el proyecto de ley laboral contiene puntos que, según gremios y sectores críticos, podrían significar un retroceso histórico en los derechos de los trabajadores.

Entre los cambios más resonantes, se destaca la redefinición del sistema de indemnizaciones, buscando reducir la discrecionalidad judicial y supuestamente evitar fallos «exorbitantes» para las empresas. Esto podría percibirse como una mayor facilidad y menor costo para el despido, lo que pone en riesgo la estabilidad de las fuentes laborales. Además, se proponen flexibilizaciones en la negociación colectiva, permitiendo convenios por empresa y salarios diferenciados en zonas menos desarrolladas, lo cual abriría la puerta a la precarización salarial.

A esto se suman otras medidas con fuerte impacto potencial, como la apertura a la compra de tierras por extranjeros y la desregulación del transporte fluvial, iniciativas que, si bien el Gobierno justifica en la búsqueda de inversiones, han generado la crítica sindical por la posible entrega del sector a empresas foráneas y la precarización laboral asociada.

La batería de reformas, que también incluye aspectos fiscales y de aportes, ha sido impulsada sin un consenso pleno, con la CGT manifestando su rechazo a los puntos clave. La preocupación central radica en si estas «modernizaciones» terminarán inclinando la balanza definitivamente a favor del poder económico, con el consecuente deterioro de las condiciones de trabajo y la estabilidad laboral para la gran mayoría de la población.