El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia, oficializó una nueva etapa de ajuste y reestructuración en el sistema registral automotor mediante la supresión y cierre operativo de decenas de oficinas en todo el país. La medida, fundamentada en un plan de digitalización y centralización bajo la órbita de la DNRPA, contempla plazos ajustados para la reasignación de dominios y ha encendido las alarmas en el sector gremial.

Para La Rioja, esta avanzada oficial representa un escenario de extrema vulnerabilidad laboral y operativa. Las organizaciones sindicales, encabezadas por el Sindicato de Trabajadores de los Registros del Automotor, Motovehículos y Afines (SATRAMM), advierten que el recorte no solo busca achicar la estructura estatal y digitalizar trámites, sino que pone en vilo la estabilidad laboral de miles de familias en las provincias. En La Rioja, al igual que en el resto del interior del país, la reducción de seccionales profundiza la centralización y amenaza con dejar sin empleo a trabajadores con años de trayectoria en el sector.

El impacto recae por igual en los empleados y en la sostenibilidad de las oficinas que continúan funcionando, las cuales deben afrontar el 100% de sus costos operativos en un contexto de caída generalizada de la actividad económica y recesión. Desde La Rioja, los gremios y sectores afectados reclaman canales de diálogo urgentes con las autoridades nacionales y exigen explicaciones claras sobre el alcance del nuevo esquema digital, advirtiendo que la transición improvisada perjudicará tanto a los trabajadores provinciales como a los ciudadanos que necesiten realizar trámites cotidianos.