El Congreso de la Nación se encuentra en el centro de una tormenta política tras confirmarse la huida de Flávio Bolsonaro desde territorio argentino, un episodio que derivará en denuncias penales y pedidos formales de interpelación contra altos funcionarios de la administración de Javier Milei por presunto encubrimiento y uso de recursos del Estado.

Diversos bloques opositores avanzaron en acciones legales y parlamentarias luego de confirmarse que el senador brasileño ingresó al país junto a su familia para tomar un vuelo privado en Puerto Iguazú con destino final en Estados Unidos, realizando una escala previa en Guayaquil.

La diputada Marcela Pagano encabeza una presentación judicial para investigar los delitos de facilitación de permanencia ilegal, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento. En el marco de este pedido, se solicitó formalmente preservar los registros de las cámaras de seguridad del Puente Internacional Tancredo Neves y de la terminal aeroportuaria local entre el lunes 26 y el miércoles 28 de octubre, con el fin de esclarecer si existió una operación coordinada para blindar a una persona sometida a restricciones judiciales en Brasil.

Por su parte, el exministro de Defensa Agustín Rossi cuestionó con dureza el accionar oficial al señalar que «un país que se presta para burlar a la justicia y a las autoridades de un país hermano no es confiable», y reclamó una rendición de cuentas al Jefe de Gabinete, Diego Santilli, sobre el rol de las distintas áreas gubernamentales.

En paralelo, el diputado socialista Esteban Paulón anunció una denuncia penal contra el presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno por encubrimiento agravado, exigiendo indagar si el Estado argentino financió directa o indirectamente el operativo logístico mediante empresas privadas señaladas en otras causas judiciales, como Baires Fly.

Desde la Coalición Cívica, el legislador Maximiliano Ferraro apuntó directamente a una complicidad operativa de organismos clave como Migraciones, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la SIDE. Según advirtió, esta maniobra vulnera de forma flagrante el DNU 366/2025, normativa firmada por el propio oficialismo que prohíbe el ingreso al país de extranjeros con requerimientos judiciales pendientes.

El escándalo no sólo sacude la agenda interna y golpea las relaciones diplomáticas con un socio estratégico del Mercosur, sino que reaviva las alertas en la oposición respecto a los riesgos institucionales de otorgar superpoderes de inteligencia y seguridad al Poder Ejecutivo.