El juez federal en lo Contencioso Administrativo, Martín Cormick, emitió una nueva intimación dirigida al Poder Ejecutivo para exigir la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución busca garantizar la actualización presupuestaria, de salarios y de programas de becas que exige la normativa, luego de que el Gobierno recurriera a una nueva maniobra dilatoria.

Este nuevo llamado de la Justicia se produce a una semana del primer dictamen. Cormick remarcó la obligación de la administración central de dar cumplimiento a lo ordenado, tras haber apelado la decisión previa. El fallo exige la recomposición del 40% del presupuesto de las universidades públicas y un ajuste salarial del 34% para docentes y nodocentes.

La medida tiene su origen en la medida cautelar favorable otorgada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, impulsada de manera conjunta por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y diversas comunidades académicas para obligar al Ejecutivo a acatar la ley vigente.

Sanciones al patrimonio personal de los funcionarios

El reclamo central del frente sindical universitario radica en la recuperación del 32,5% del poder adquisitivo perdido por los salarios desde el inicio de la gestión de Javier Milei, así como el incremento de los fondos destinados a sostener la cursada de los estudiantes a través de becas.

El apercibimiento dictado fija la aplicación de multas diarias (astreintes) sobre el patrimonio personal de las autoridades responsables. Entre las figuras notificadas figuran la ministra Sandra Pettovello, Carlos Torrendell, Adrián Raiver y Alejandro Álvarez, con un límite de sanción equivalente al 25% de sus sueldos. Asimismo, la persistencia en el incumplimiento habilita denuncias penales por delitos contra la administración pública, como desobediencia o abuso de autoridad (artículo 239 del Código Penal).

El plazo perentorio fijado por la resolución del juez Cormick para efectivizar la normativa es de cinco días.

La cautelar manda a aplicar específicamente los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, enfocados en la actualización salarial retroactiva desde el 1° de diciembre de 2023 hasta la promulgación de la norma, además de la restitución de la cobertura integral para los programas estudiantiles.

El conflicto atraviesa una prolongada vía judicial que comenzó en diciembre de 2025 tras el amparo presentado por el CIN. Con este pronunciamiento, el fuero contencioso reitera la vigencia de la obligación legal del Estado nacional frente a las casas de altos estudios.