El gremio de la infraestructura vial encendió las alarmas al denunciar que la administración central mantiene retenida una suma superior a $1 billón proveniente de la recaudación destinada a la red vial. Según la organización sindical, esta maniobra busca desmantelar la estructura de Vialidad Nacional para justificar la transferencia de más de 9.000 kilómetros de rutas al sector privado mediante el cobro de peajes. «No aceptamos que primero se desfinancie, después se paralice, posteriormente se reduzca personal y finalmente se utilice el deterioro resultante como argumento para retirar al Estado», recriminó la conductora del gremio, Graciela Aleñá.
La conducción del Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) expresó su enérgico repudio frente a la iniciativa oficial que busca licitar 26 tramos de la red vial nacional a concesionarios privados. Los trabajadores definieron el proceso como un «ruticidio» planificado, orientado a despojar de funciones al organismo estatal para legitimar la privatización y el cobro de tarifas en miles de kilómetros transitables del país.
│ DATOS ECONÓMICOS CLAVE
│ • Fondo Específico SISVIAL (2024 – Mayo 2026): $1.503.252 millones
│ recaudados legalmente para obras de infraestructura.
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│ • Fondos Ejecutados en Obras: $394.406 millones (solo el 26,2% del total)
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│ • Remanente Retenido / Inmovilizado: $1.108.846 millones (más de $1
│ billón) colocados en plazos fijos y títulos públicos.
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│ • Destino Admitido por el Ejecutivo: Manejo de recursos por parte del
│ Ministerio de Economía para sostener el equilibrio fiscal.
Frente a este escenario, Aleñá remarcó la contradicción del planteo gubernamental: «¿Cómo puede afirmarse que no existen recursos para mantener las rutas, mientras más de un billón de pesos recaudados para el sistema vial permanece fuera del asfalto?».
En forma paralela, desde el STVyARA remarcaron las inconsistencias del nuevo esquema de concesiones promovido por la administración nacional y el traspaso otorgado a nueve provincias a través del Decreto 253/2026. La paradoja radica en que, mientras se le exige a Vialidad Nacional auditar e inspeccionar miles de kilómetros concesionados, de forma simultánea se impulsa una segunda fase de Retiro Voluntario para reducir la nómina de trabajadores. «No se puede exigir más control con menos Vialidad. Se debilita la capacidad técnica pública para después utilizar ese deterioro como argumento para privatizar y contratar empresas externas», enfatizó la dirigenta.
Por estas razones, el sindicato rechazó que la red de infraestructura pública sea analizada únicamente bajo criterios de rentabilidad financiera. Advirtieron que el modelo oficial amenaza con dejar incomunicadas a comunidades originarias, productores de menor escala y economías regionales cuyos trayectos no reúnan el tráfico necesario para ser rentables a las concesionarias. Ante esto, la entidad gremial exigió suspender la entrega de nuevos tramos sin evaluaciones de impacto socioeconómico previa; destinar de forma inmediata los fondos del SISVIAL al arreglo de calzadas; frenar el vaciamiento de personal técnico especialista; y diseñar un plan de conectividad territorial que atienda los corredores no comerciales y mantenga la cobertura del Estado en todo el mapa nacional.
Finalmente, Aleñá enfatizó: «No aceptamos que primero se desfinancie, después se paralice, posteriormente se reduzca personal y finalmente se utilice el deterioro resultante como argumento para retirar al Estado». Y remató: «Vialidad Nacional no es un gasto, es patrimonio público, capacidad técnica, producción y seguridad vial. Vialidad Nacional no se desmantela, se defiende».
