Este 29 de abril de 2026, el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, protagonizó una extensa y tensa jornada en la Cámara de Diputados al brindar su informe de gestión. La sesión no fue una presentación técnica más; estuvo marcada por un fuerte componente político y simbólico, subrayado por la presencia del presidente Javier Milei y la plana mayor del gabinete nacional en los palcos, brindando un respaldo explícito al funcionario en un momento de cuestionamientos judiciales.
Durante su alocución, que se extendió por más de una hora y media en su tramo inicial, Adorni se apegó estrictamente a la narrativa oficial. Reafirmó que el superávit fiscal sigue siendo la «viga maestra» del gobierno y defendió los hitos legislativos alcanzados, como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y la modernización laboral. Según el funcionario, la gestión no está mirando el corto plazo, sino que tiene el foco puesto en los próximos 10 y 20 años de la Nación, posicionando el ajuste del Estado como el paso necesario para garantizar la prosperidad futura.
Sin embargo, el clima de la sesión se espesó cuando se abordaron los temas más polémicos. La oposición centró sus críticas en tres ejes: la situación de las universidades públicas, la deuda con el PAMI y, fundamentalmente, la situación judicial personal de Adorni. Respecto a las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito y sus viajes familiares, el Jefe de Gabinete fue tajante: calificó las acusaciones como «tendenciosas y falsas» y aseguró que probará su inocencia en los tribunales. «No cometí ningún delito», sentenció, mientras desde los palcos oficiales bajaban aplausos de apoyo.
El operativo de seguridad en las inmediaciones del Congreso y los cruces verbales entre el Presidente y la prensa antes de ingresar añadieron una capa de confrontación a un día que el oficialismo buscó controlar mediante un esquema de intervenciones muy pautado. En definitiva, el informe de Adorni funcionó como una demostración de fuerzas: una ratificación de que, pese a las presiones externas y judiciales, el Gobierno mantiene inalterable su programa de reformas y su estilo de comunicación directa y confrontativa.
