La Confederación General del Trabajo (CGT) atraviesa un momento de definiciones críticas en su relación con el Poder Ejecutivo. Tras una intensa reunión de su mesa directiva, la central obrera ha trazado una hoja de ruta que prioriza la presencia en el espacio público por sobre la paralización total de actividades. Esta decisión de «elegir la calle» y postergar el paro general para el momento exacto en que el Senado trate la reforma laboral, revela una estrategia de administración del conflicto que busca maximizar el impacto político sin agotar los recursos de presión de manera prematura.

El eje de la resistencia sindical se concentra en el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional. Desde la cúpula de la calle Azopardo, la lectura es unánime en cuanto al diagnóstico: consideran que la iniciativa posee un marcado sesgo ideológico que no busca modernizar el mercado de trabajo, sino cercenar derechos individuales y colectivos consolidados. Jorge Sola, uno de los voceros de la central, fue tajante al señalar que la reforma implica una transferencia directa de riqueza desde los sectores trabajadores hacia el sector empleador, debilitando la capacidad de negociación de los sindicatos y precarizando las condiciones de empleo.

La decisión de no llamar a un paro general inmediato responde también a un delicado equilibrio de fuerzas interno. La conducción cegetista ha optado por una «escalada progresiva». Esto implica, por un lado, una convocatoria masiva a movilizar frente al Congreso el próximo miércoles y, por otro, otorgar «libertad de acción» a los gremios más combativos para que lleven adelante medidas de fuerza específicas por rama de actividad. Sectores vinculados al transporte, la industria y la educación, que sienten el impacto directo de las políticas oficiales, ya analizan huelgas sectoriales que servirán como preámbulo a la gran pulseada parlamentaria.

El Gobierno, por su parte, observa estos movimientos con una mezcla de firmeza y advertencia. Desde la Casa Rosada se ha dejado trascender que un paro general en este contexto no sería bien recibido por la opinión pública y podría acelerar la determinación del oficialismo de avanzar con las reformas sin mayores concesiones. Sin embargo, la CGT apuesta a que la presión en la calle logre influir en los senadores «dialoguistas», aquellos que tienen en sus manos la posibilidad de modificar o rechazar los artículos más polémicos de la ley.

En definitiva, la central obrera ha decidido jugar al ajedrez político. Al postergar la huelga nacional, mantienen la amenaza latente como una herramienta de negociación de última instancia. La apuesta es clara: demostrar poder de movilización en las plazas para desgastar el consenso legislativo de la reforma, reservando el «botón rojo» del paro total para el día de la votación definitiva en la Cámara Alta. Los próximos días serán determinantes para saber si esta estrategia de contención y despliegue territorial logra torcer el brazo de un oficialismo que se muestra decidido a cambiar las reglas del juego laboral en Argentina.