El sistema científico argentino, históricamente reconocido como un faro de excelencia en América Latina, atraviesa hoy una de las crisis más profundas de su historia reciente. Según un revelador informe del grupo de Economía Política de la Ciencia (EPC), la magnitud del desmantelamiento es alarmante: en los últimos dos años, el sector ha perdido un promedio de más de siete trabajadores por día. Esta cifra no es solo una estadística fría; representa la disolución de equipos de investigación, el truncamiento de carreras doctorales y el éxodo masivo de profesionales altamente calificados que el Estado tardó décadas en formar.
Desde diciembre de 2023, la política de ajuste implementada por la gestión de Javier Milei ha impactado de lleno en el corazón del conocimiento. El análisis detalla que más de 5.000 empleos han sido destruidos en el ecosistema de ciencia y tecnología. De este total, el Conicet —el organismo insignia de la ciencia nacional— ha sido el más golpeado, con una pérdida de casi 2.000 puestos, entre investigadores, personal de apoyo y administrativos. Otros organismos estratégicos como el INTI, el INTA, la CNEA y la CONAE también registran caídas drásticas en su dotación de personal.
El fenómeno, que algunos expertos ya denominan como «cientificidio», se explica por una combinación de factores letales: despidos directos, falta de renovación de contratos, salarios que han perdido hasta un millón de pesos de poder adquisitivo frente a la inflación, y una parálisis casi total de los subsidios para investigar. La falta de financiamiento ha llegado a tal punto que muchos laboratorios no pueden siquiera cubrir los gastos básicos de mantenimiento o la compra de insumos elementales.
Lo que hace que esta situación sea particularmente trágica es el carácter irreversible de gran parte de esta pérdida. Cuando un científico joven decide emigrar o abandonar la carrera debido a la precariedad económica, no solo se pierde un puesto de trabajo; se interrumpe una línea de investigación que podría haber derivado en avances médicos, tecnológicos o sociales claves para el desarrollo del país. Empresas tecnológicas estatales como ARSAT o VENG, esenciales para la soberanía satelital y energética, han perdido entre el 15% y el 25% de su personal especializado, lo que pone en riesgo proyectos estratégicos a largo plazo.
El panorama hacia 2026 no ofrece señales de alivio. El presupuesto proyectado prevé nuevas caídas reales en la inversión científica, consolidando una tendencia que aleja a la Argentina de los estándares internacionales de inversión en I+D. Mientras el mundo avanza hacia una economía basada en el conocimiento, el país parece estar desandando el camino, convirtiendo su «semillero» de talentos en una fuerza laboral que hoy busca futuro fuera de las fronteras nacionales o fuera del ámbito científico.
