El proyecto de reforma laboral impulsado por la administración de Javier Milei ha encontrado un obstáculo difícil de esquivar en el tablero político: el rechazo abierto de tres de las entidades patronales más influyentes del país. Lo que el Gobierno intentó presentar como un consenso necesario para la «modernización» del mercado de trabajo, ha terminado por fracturar incluso a quienes deberían ser sus aliados naturales. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y ADIMRA han levantado la voz contra puntos clave que, lejos de dinamizar el empleo, amenazan con desarticular la estructura de financiamiento y representatividad del sector pyme.

El núcleo del conflicto radica en la eliminación de las cuotas solidarias y la alteración de la jerarquía en las negociaciones colectivas. Según los referentes patronales, priorizar los convenios por empresa sobre los de actividad no solo pulveriza el poder de negociación de las cámaras, sino que deja a las pequeñas unidades productivas en una situación de vulnerabilidad extrema frente a la litigiosidad y la falta de marcos regulatorios claros. No se trata solo de una resistencia gremial, sino de un cálculo de supervivencia empresarial: las patronales advierten que el «vale todo» normativo podría derivar en un caos operativo que termine perjudicando la productividad que el Ejecutivo dice querer fomentar.

Esta fisura expone una debilidad estructural en el diseño del plan oficial: la falta de sintonía con la realidad territorial de las empresas que sostienen el grueso del empleo en Argentina. Mientras el Gobierno insiste en una desregulación de manual, el tejido productivo real teme que la desaparición de los aportes forzosos no solo desfinancie a los sindicatos, sino que también desmantele los servicios y la capacitación que las propias cámaras brindan a sus asociados. En definitiva, la reforma se enfrenta hoy a su propia contradicción: ser rechazada por los mismos actores que, en teoría, vendría a beneficiar.


La reforma, bajo la bandera de la «libertad de contratación», parece ignorar las asimetrías del mercado argentino, planteando un escenario donde la falta de reglas claras no genera más empleo, sino una mayor fragilidad jurídica para ambas partes de la relación laboral.