La histórica cooperativa láctea SanCor atraviesa uno de sus momentos más oscuros. En las últimas horas, la Justicia ha dado un paso determinante al ordenar una intervención parcial de la firma. Esta medida surge como respuesta a una situación de asfixia financiera que mantiene a gran parte de sus trabajadores sin percibir sus haberes desde mediados de año, sumado a una parálisis operativa que amenaza la supervivencia de la marca.
El origen de la intervención
La resolución judicial responde a la demanda de un grupo de acreedores y trabajadores, quienes denuncian que la conducción actual de la cooperativa ha sido incapaz de estabilizar las cuentas. La intervención no implica el desplazamiento total de las autoridades, sino la incorporación de un interventor judicial que tendrá la tarea de fiscalizar los movimientos de caja, supervisar el flujo de ingresos y, fundamentalmente, priorizar el pago de las deudas laborales y previsionales acumuladas.
Desde junio de 2024, el conflicto se ha agudizado. El gremio lechero (ATILRA) mantiene una disputa abierta con el directorio, denunciando que mientras los trabajadores cobran sumas irrisorias o directamente nada, existe una falta de transparencia en el manejo de los activos remanentes de la empresa.
Sueldos impagos y parálisis productiva
El dato más alarmante que sustenta el fallo judicial es la deuda salarial. Según el reporte, hay trabajadores que no perciben sus haberes de forma regular desde hace meses. Esta situación ha generado un vaciamiento de las plantas, donde la producción ha caído a niveles mínimos históricos. De procesar millones de litros de leche diarios en su época de esplendor, hoy SanCor apenas sobrevive con una fracción de su capacidad instalada, afectando no solo a los empleados directos sino a toda la cadena de proveedores y tamberos del interior del país.
El rol de la Justicia y el futuro de la cooperativa
La designación del interventor busca «abrir la caja» de SanCor. La Justicia sospecha que la administración actual podría estar priorizando otros pagos por encima de los compromisos alimentarios de sus dependientes. La misión del fiscalizador será:
- Informar sobre el estado real del inventario.
- Controlar la venta de productos y la entrada de divisas.
- Diseñar un plan de pagos urgente para normalizar la situación salarial.
Sin embargo, el escenario es complejo. SanCor viene de fracasos sucesivos en intentos de rescate, incluyendo un fideicomiso que nunca prosperó y la búsqueda de socios estratégicos que se retiraron ante la magnitud del pasivo. La intervención judicial se presenta como la última instancia antes de una posible quiebra definitiva o una reestructuración forzosa.
La intervención parcial marca un hito en la caída de la que supo ser la empresa láctea más importante de Argentina. Mientras el interventor asume sus funciones, la incertidumbre reina en las cuencas lecheras. El principal interrogante es si esta medida logrará rescatar el valor de la marca y salvar los puestos de trabajo, o si simplemente servirá para ordenar un cierre que parece cada vez más inevitable ante el peso de las deudas y la desconfianza del mercado.





