En una jornada histórica, la Cámara de Diputados de la Nación se erigió como un contrapeso decisivo al Poder Ejecutivo, desautorizando dos de los vetos más polémicos emitidos por el presidente Javier Milei. Con la presión palpable de la calle, que se manifestaba en una movilización masiva frente al Congreso, y una oposición que logró una inusual unidad, la Cámara Baja ratificó con abrumadora mayoría las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en pediatría. Este acto no fue un simple trámite legislativo; representó un claro punto de inflexión en la dinámica de poder del país, un freno contundente al ajuste fiscal a ultranza y una reafirmación de la importancia de la educación y la salud públicas.

La sesión, que se celebró en un clima de alta tensión política, se convirtió en una demostración de fuerza de un Congreso que, lejos de ser un mero apéndum del Ejecutivo, mostró su capacidad para actuar de manera independiente. La votación fue el corolario de un intenso debate que reflejó las profundas diferencias entre el oficialismo y la oposición en torno a las prioridades del Estado. La ley de emergencia en pediatría, que busca garantizar el funcionamiento y la sostenibilidad financiera de hospitales infantiles emblemáticos como el Hospital Garrahan, obtuvo 181 votos a favor, con solo 60 en contra y una abstención. Pocos minutos después, el proyecto de financiamiento para las universidades nacionales, que había generado multitudinarias marchas de estudiantes, docentes y la comunidad académica, fue aprobado con 174 votos afirmativos, 67 negativos y dos abstenciones. En ambos casos, el resultado superó holgadamente los dos tercios de los votos necesarios para insistir con una ley vetada, lo que demuestra la contundencia de la derrota para el oficialismo.

El contexto de los vetos: Un desafío al consenso social

Para entender la magnitud de este evento, es crucial contextualizar los vetos presidenciales. Desde el inicio de su gestión, el gobierno de Javier Milei ha impulsado una política de «motosierra» y «licuadora» orientada a reducir drásticamente el gasto público y alcanzar el déficit cero. En este marco, el presidente no dudó en utilizar la herramienta del veto para anular leyes aprobadas por el Congreso que, a su juicio, atentaban contra el equilibrio fiscal. Sin embargo, los proyectos de ley de financiamiento universitario y de emergencia en pediatría no eran iniciativas improvisadas; surgieron de un amplio consenso legislativo y, sobre todo, reflejaban demandas históricas de la sociedad.

La Ley de Financiamiento Universitario buscaba garantizar el presupuesto para las universidades nacionales, un pilar de la movilidad social ascendente y un motivo de orgullo para gran parte de la población argentina. Ante la falta de actualización presupuestaria, el sistema universitario se encontraba en una situación crítica, con riesgo de paralización de actividades esenciales como clases, investigación y extensión. El veto presidencial, justificado en la necesidad de no desviarse de las metas de ajuste, fue percibido como un ataque directo a la educación pública. Esto encendió la alarma de estudiantes, rectores, docentes y no docentes, quienes organizaron una serie de movilizaciones masivas a lo largo y ancho del país, culminando en la gran marcha federal que congregó a cientos de miles de personas. La voz de esa protesta se hizo eco en el recinto de Diputados, influenciando de manera determinante el voto de muchos legisladores.

Por otro lado, la Ley de Emergencia en Pediatría se gestó a raíz de la grave crisis que atraviesan los hospitales públicos infantiles, particularmente el Hospital Garrahan. Este centro de referencia nacional e internacional, que atiende a miles de niños de todo el país, enfrentaba una situación de extrema vulnerabilidad debido a la falta de fondos, la escasez de insumos y la renuncia masiva de profesionales de la salud, que ya no podían sostener sus salarios ni sus condiciones de trabajo. El veto presidencial a esta ley, que buscaba proveer recursos urgentes para evitar el colapso del sistema de salud infantil, generó una indignación generalizada. El argumento de que no existía tal emergencia fue rápidamente desmentido por los trabajadores de la salud y por las propias familias de los pacientes, que testificaron sobre la dramática realidad de los hospitales. La decisión de los diputados de insistir con esta ley no fue solo una cuestión política, sino un imperativo ético.

La fragmentación de los aliados de gobierno y la unidad opositora

La contundencia de los resultados en la Cámara de Diputados se explica, en gran medida, por un fenómeno de quiebre en los bloques que el oficialismo consideraba sus aliados. A pesar de los esfuerzos del Poder Ejecutivo y de la ministra de Seguridad para mantener la disciplina, la bancada de La Libertad Avanza y parte del PRO no pudieron sostener los vetos. Este resultado expuso la falta de una mayoría propia y la fragilidad de los acuerdos políticos del gobierno en el Congreso. Por su parte, la oposición, representada por una heterogénea coalición de bloques como Unión por la Patria, parte de la Unión Cívica Radical y otros sectores provinciales, mostró una inusual cohesión.

Los legisladores de estos partidos entendieron que la defensa de la salud y la educación pública trascendía las diferencias partidarias. La presión de las bases sociales, que se habían movilizado masivamente, jugó un papel crucial. La imagen de un Congreso que daba la espalda al clamor popular habría tenido un costo político altísimo. Los diputados que, en el pasado, se abstuvieron o votaron en contra de las leyes originales, esta vez sintieron la obligación de cambiar su postura y respaldar las insistencias, sumándose a la mayoría calificada necesaria. Este alineamiento del Congreso con la demanda social marcó un hito y demostró que la política no se desarrolla solo en los pasillos de poder, sino que es influenciada de manera decisiva por la voz del pueblo en la calle.

Lo que sigue: La prueba de fuego en el Senado

Si bien la victoria en Diputados es de gran trascendencia, la batalla legislativa aún no ha terminado. Ahora, la pelota pasa al Senado, donde los vetos deberán ser tratados y ratificados para que las leyes entren en vigor de manera definitiva. Para el gobierno, la situación en la Cámara alta es aún más compleja, ya que la distribución de fuerzas es mucho más equilibrada y no cuenta con una mayoría garantizada. La presión sobre los senadores será inmensa, y su voto determinará si el triunfo en Diputados se consolida o si el Poder Ejecutivo logra revertir el revés.

El desenlace de esta historia no solo definirá el futuro inmediato del financiamiento universitario y de los hospitales infantiles, sino que también sentará un precedente para la relación entre el gobierno de Milei y el Congreso. La dinámica de poder ha cambiado, y el oficialismo tendrá que considerar que su agenda de ajuste puede encontrar una resistencia formidable en el Poder Legislativo, especialmente cuando esta se alinea con las demandas más sentidas de la sociedad. Esta jornada quedará en la historia como el día en que un Congreso, bajo la presión popular, decidió ponerle un límite a la «motosierra» en la defensa de los pilares fundamentales del país: la educación y la salud pública.