Telefonía móvil e internet. Un nuevo intento del gobierno por esperar «que el mercado se regule solo»

El Gobierno derogó a través del Decreto 302/2024 la norma de la gestión de Alberto Fernández que buscaba regular a los servicios de telecomunicaciones, celular, internet y cable, para controlar sus precios.

La medida anula el Decreto 690 del año 2020 con el que el expresidente declaró como servicios públicos en competencia a toda la industria, medida con la que congeló futuros aumentos por algunos meses y dispuso al Estado como regulador de cualquier ajuste a futuro.

Pese al intento del último Gobierno de controlar la suba de estos servicios, este decreto se aplicó a medias debido a que las distintas empresas judicializaron sus reclamos con medidas cautelares.

En este contexto, y en línea con la política de desregularización estatal de la gestión de Javier Milei, el Gobierno derogó esta medida de Alberto Fernández en busca de «restaurar el marco normativo de libre competencia».

«Los licenciatarios de Servicios de TIC fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, cubrir los costos de la explotación y tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación”, informa el decreto 302/2024.
Esa parte seguirá vigente con respecto a la normativa que regía hasta ahora, pero se eliminó un segundo párrafo que indicaba que “las tarifas de los servicios públicos esenciales y estratégicos de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en competencia, las de los prestados en función del Servicio Universal y de aquellos que determine la Autoridad de Aplicación por razones de interés público, podrán ser reguladas por ésta”.
Esa autoridad de aplicación, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), ya no podrá interferir en los precios.También se derogó el artículo 15 de la ley que reconocía “el carácter de servicio público esencial y estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en competencia al uso y acceso a las redes de telecomunicaciones, para y entre licenciatarios de Servicios de TIC”. «El Servicio Básico Telefónico mantiene su condición de servicio público”, se aclara.

Fuente: El Cronista / Ambito 

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