En una resolución de alto impacto político y social, el Juzgado Federal de Campana, bajo la titularidad del magistrado Adrián González Charvay, dictó este martes una medida cautelar que obliga al Ministerio de Capital Humano a dar marcha atrás con la eliminación del programa “Volver al Trabajo”. El fallo exige al Gobierno nacional garantizar la continuidad de las prestaciones económicas de $78.000 para los casi 900.000 beneficiarios en todo el país.

La decisión judicial surge como respuesta a un amparo colectivo presentado por un grupo de trabajadores de la economía popular. Los demandantes argumentaron que el cese del programa, anunciado por la cartera que conduce Sandra Pettovello el pasado 7 de abril, constituía una medida arbitraria que vulneraba derechos constitucionales básicos, especialmente en un contexto de profunda crisis socioeconómica. Según el fallo, el Estado dispone de un plazo perentorio de tres días para regularizar los pagos y mantener la vigencia del beneficio hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

El argumento de la «No Regresividad»

El juez González Charvay fundamentó su decisión en el principio de no regresividad de los derechos sociales. Según el magistrado, el paso abrupto del esquema de pagos mensuales a un sistema de “vouchers para capacitación” —como pretendía implementar el Ejecutivo— no constituye una alternativa equivalente ni suficiente para proteger a los sectores más vulnerables. El fallo sostiene que la interrupción del ingreso mensual compromete el carácter alimentario de la prestación, la cual representa, para la mayoría de los titulares, su única fuente de sustento.

Cabe recordar que el programa “Volver al Trabajo” fue creado a inicios de la gestión de Javier Milei para sustituir al antiguo “Potenciar Trabajo”, con el objetivo declarado de eliminar la intermediación de las organizaciones sociales. Sin embargo, la reciente Resolución 295/2026 del Ministerio de Capital Humano buscaba finiquitar el esquema de transferencias directas para transformarlo en un sistema de formación sin retribución monetaria garantizada.

Desde las organizaciones sociales, agrupadas principalmente en la UTEP, celebraron la medida judicial calificándola como un freno necesario ante lo que consideran un desmantelamiento de la red de contención sociolaboral. Por su parte, el Gobierno nacional evalúa por estas horas la apelación del fallo ante la Cámara Federal, argumentando que la medida interfiere con la potestad administrativa de reordenar las políticas públicas y el presupuesto nacional.

La situación queda ahora en una etapa de definición técnica, mientras miles de familias en todo el territorio aguardan la efectiva acreditación de los fondos que la Justicia ha ordenado restablecer de forma inmediata.