Marcos Pereda, vicepresidente de CONINAGRO y una voz central en la principal entidad que agrupa a cooperativas agropecuarias de Argentina, alzó su voz con firmeza para cuestionar la reciente medida gubernamental que estableció una quita transitoria de las retenciones a la soja. Sus declaraciones a Ámbito no solo expusieron la frustración del sector productor, sino que también señalaron serias dudas sobre la transparencia y los beneficiarios reales de esta maniobra fiscal. Para Pereda, la situación es clara: «No hay nada que aplaudir porque los productores se quedaron re calientes.»

La evaluación de Pereda sobre la medida es lapidaria. A su criterio, la quita temporal de retenciones no fue concebida pensando en el productor ni como una política de fomento estructural, sino más bien como un «armado de emergencia» del Gobierno. Esta desesperación o necesidad fiscal generó una distorsión del mercado que, como suele ocurrir ante las intervenciones abruptas, abre una brecha que es rápidamente aprovechada por los actores con mayor capacidad financiera y operativa.

El núcleo de la crítica de CONINAGRO radica en la notoria desproporción entre la mercadería vendida por los productores y el volumen de toneladas anotadas o declaradas por los exportadores. Pereda reveló una estadística que evidencia la supuesta «ganancia de pescadores»: se estima que los productores vendieron alrededor de dos millones y medio de toneladas de soja durante la ventana de la quita de retenciones. En contraste, las empresas exportadoras anotaron una cifra abismalmente mayor, cercana a los diecisiete millones de toneladas.

La diferencia entre ambas cifras es de más de catorce millones de toneladas. Aunque Pereda reconoce que dos millones y medio de toneladas es un volumen significativo para ser transado en un par de días, la brecha indica que solo un 15% del total declarado provendría de ventas efectivas de productores. El resto, sostiene el dirigente rural, se debe a la «sobredesaclaración» por parte de las exportadoras.

Esta sobredesaclaración, según Pereda, no es un hecho aislado. El antecedente remite a la ley Martínez Raymonda, un marco legal que, en su momento, también generó suspicacias sobre el correcto procedimiento en la registración de ventas. Por ello, la demanda de CONINAGRO es de carácter ineludible: «Como mínimo hay que investigar, hay que transparentar y aclarar, para ver si se violó algún tipo de procedimiento.»

La preocupación se centra en que estas «situaciones extraordinarias» terminan por dejar «la papa en la boca a los exportadores». Al generar una baja temporal de las retenciones en un contexto de urgencia gubernamental, se crea una oportunidad de oro para el timing financiero. Los exportadores, con la capacidad de hacer «juegos financieros», son quienes se quedan con la diferencia de precio, que Pereda estima en 15, 20 o incluso 30 dólares por tonelada.

El análisis técnico del vicepresidente de CONINAGRO refuerza esta idea. La normativa permitió a las cerealeras «anotar todo lo que quieras anotar y después tenés tres días para liquidar,» una concesión que, a su juicio, implica que se está «haciendo la vista gorda» a las maniobras. Pereda argumenta que, lógicamente, por cada declaración jurada de venta externa, debería haber existido previamente una compra real al productor.

Además, la cotización de la soja en el mercado local tampoco reflejó la quita plena de la retención. Pereda señala que, si se descontara la retención en su totalidad, el valor de la soja debería haber rondado los 375 o 380 dólares por tonelada. Sin embargo, en los días de la medida, el precio se mantenía significativamente por debajo, entre 330 y 340 dólares. Esos 40 o 50 dólares de diferencia son los que quedan en manos de «un señor que hizo un juego financiero con el país.»

La conclusión es que las intervenciones fiscales de corto plazo y las «ventanas» de beneficio no solo son perjudiciales, sino que actúan como «distorsiones» y generan un «efecto puerta doce» o un «embudo». En un entorno de volatilidad e imprevisibilidad, los exportadores tienen el know-how y la estructura para «subirse arriba de la moto» y obtener una ganancia sustancialmente mayor que la que le llega efectivamente al productor.

En resumen, la crítica del sector cooperativista a través de Marcos Pereda es un llamado de atención urgente. La medida, más que estimular la liquidación genuina y beneficiar al productor en el campo, parece haber sido un auxilio fiscal para el Gobierno que, indirectamente, habilitó una ganancia extraordinaria para un puñado de grandes players del comercio de granos, a costa de la transparencia y de la rentabilidad esperada por los agricultores.