El gobierno nacional dio una primera señal de apertura a la negociación para poder aprobar la ley ómnibus. Ayer el ministro del Interior, Guillermo Francos, decidió dar marcha atrás y aceptar modificaciones en los artículos referidos a la actividad pesquera. Fue un pedido de los gobernadores patagónicos que llevó adelante el mandatario de Chubut, Ignacio Torres.
“Vamos a clarificar algunos puntos de la ley porque el espíritu es el mismo que tienen los gobiernos provinciales. Lo que pretendemos es que todo este proceso se haga de una manera eficiente para proteger la pesca argentina”, sostuvo el funcionario nacional después de acordar que haría modificaciones en los artículos vinculados a la descarga en puertos argentinos, el mantenimiento de la zona exclusiva y los cupos de pesca con empresas extranjeras.

Fue un gesto que hacía falta en el ámbito parlamentario y entre los gobernadores opositores, ya que, salvo el peronismo y la izquierda, la oposición tiene la voluntad de acompañar el proyecto de reforma y darle gobernabilidad a Milei. Lo que piden es negociar algunos puntos importantes que no están dispuestos a votar. El caso más relevante es la delegación de facultades del Poder Legislativo al Ejecutivo, un artículo que para el radicalismo y la Coalición Cívica es imposible que pase.

“Nadie renuncia a su propio poder”, fue la definición, irónica y del subsuelo de la política, que utilizó un legislador de la UCR para macar que, más allá de considerarlo una medida autoritaria, ese artículo es inviable. “Se tienen que olvidar de ese punto. No hay forma de que lo votemos”, sentenció una importante diputada del radicalismo.

En la oposición más proclive a acompañar el proyecto decodificaron la modificación de los artículos sobre la pesca como una señal positiva hacia adelante. “Qué bueno que se dieron cuenta de que hay que negociar”, reflexionó un legislador que forma parte del bloque que conduce Miguel Pichetto, aunque aún se mantienen las dudas sobre si el oficialismo va a mostrarse flexible para negociar más puntos de la extensa ley. Es un primer paso. Importante, pero solo un paso.

Otro legislador, de la UCR, fue sarcástico después de la decisión oficial de dar marcha atrás: “¿Milei no dijo que eran coimeros los que querían cambios?” En el ámbito legislativo cayeron muy mal aquellas declaraciones del Jefe de Estado. No lo olvidan aunque no se atan a esa palabras para bloquear el tratamiento de la ley. El radicalismo, la Coalición Cívica, el socialismo y el peronismo anti K son la oposición con voluntad de apoyar. El PRO lo hará sin demasiados cuestionamientos. Unión por la Patria y la izquierda rechazan el proyecto.

Si el Gobierno se predispone a negociar y modificar distintos artículos, entonces lo más probable es que el debate se extienda y que la ley no salga antes de que culmine enero, como quiere el Presidente. Abrir la puerta a las modificaciones con el fin de sacar la ley es el camino lógico pero, al mismo tiempo, haría más largo el debate en las comisiones, sumado a los cambios que puedan surgir cuando se vote cada artículo en forma particular.

En definitiva, imprimirle una velocidad inusitada a la aprobación de la ley es una estrategia que terminará mal porque no tiene el aval de la mayoría de los diputados. En cambio, un camino más lento pero negociando algunos puntos claves como las retenciones, el sistema previsional o las privatización de las empresas, le podría dar el número para sacar el proyecto adelante. “Con lo que sucedió con los gobernadores patagónicos, Milei demostró que no tiene los acuerdos para semejante ley”, advirtió una diputada de la oposición con largo recorrido político.

La concesión del Gobierno a los mandatarios del sur puede ser leído como un punto de quiebre en esta etapa de discusiones desordenadas que hay alrededor de la ley ómnibus. Un funcionario el gobierno nacional dejó en claro lo que implica esa señal política en una sola definición: “Hay que escuchar a los gobernadores y comprenderlos. El criterio principal es la racionalidad y el sentido común”.

Fuente: InfoBae