En vísperas de cumplirse 11 años de la histórica primera movilización de #NiUnaMenos, las calles de toda la Argentina volverán a ser el escenario de un reclamo urgente contra las violencias machistas. Con el foco puesto en las fallas institucionales y el desamparo que sufren niñas y adolescentes, organizaciones sociales y feministas convocan a concentrarse este miércoles 3 de junio a las 17:00 horas frente al Congreso de la Nación y en las principales plazas de todo el país.

La movilización de este año cobra un doloroso impulso tras conocerse los femicidios de Agostina Vega y Dulce María Beatriz Candia, dos crímenes recientes que volvieron a encender las alarmas sobre la vulnerabilidad de las jóvenes en el territorio nacional.

Agostina, de tan solo 14 años, era intensamente buscada en la ciudad de Córdoba desde el 23 de mayo. Su cuerpo fue hallado una semana después en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra. Por el hecho se encuentra detenido Claudio Barrelier (33), un hombre allegado a su entorno familiar y principal sospechoso del crimen. Por su parte, Dulce María Beatriz Candia, de 17 años, desapareció el 17 de mayo en la localidad de Eldorado, Misiones, y sus restos fueron encontrados en una obra en construcción tras casi dos semanas de búsqueda. La autopsia determinó que falleció por asfixia, abriendo fuertes cuestionamientos comunitarios por la demora estatal en los rastreos iniciales.

Desde el Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven señalaron que estos casos no son aislados. De acuerdo con sus registros estadísticos recopilados a lo largo de estos 11 años de vigencia del movimiento, el 22% de las víctimas menores de 17 años había permanecido desaparecida antes del hallazgo de su cuerpo, mientras que el 19% sufrió ataques previos contra su integridad sexual. Para la organización, estas cifras exponen de manera directa una trama estructural de vulnerabilidades.

Bajo las consignas históricas y el grito de «Vivas y libres nos queremos», las agrupaciones denunciarán la inacción y responsabilizarán al Estado y al sistema de justicia por las falencias en la prevención. La convocatoria exige la activación de mecanismos de búsqueda inmediata ante denuncias de desaparición, investigaciones con una estricta perspectiva de género y niñez, y la implementación de políticas de protección efectiva que eviten desenlaces irreparables para quienes se encuentran en situación de riesgo.