La medida era una de las promesas de campaña del presidente Javier Milei. Su concreción llega nueve meses después de haber asumido el Gobierno en diciembre del año pasado.
Tras los dichos de Adorni, la Oficina del Presidente oficializó la eliminación del INADI. «Las funciones que cumplía el INADI se llevarán a cabo a través del Ministerio de Justicia que cuenta con personal preparado para realizar eficazmente la tarea. El personal idóneo que trabaja en el INADI y que realiza con responsabilidad y compromiso su trabajo, será transferido al Ministerio donde trabajarán con orden, seriedad e idoneidad«, informó el Gobierno de La Libertad Avanza (LLA) en el texto.
Luego, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, detalló que será su cartera quien se quedará a cargo de las funciones del INADI. Una vez comunicada la decisión, distintas medidas fueron anunciadas- entre las que se encuentran el despido y/o la no renovación de los contratos – para reorganizar las tareas del instituto.
Posteriormente y a través de un comunicado, el Ministerio de Justicia informó que se hará cargo de las funciones que cumplía el INADI, ya que «cuenta con personal preparado para realizar eficazmente la tarea«. Además, desde la cartera dirigida por Cúneo Libarona aseguraron que «el personal idóneo que trabaja en el INADI y que realiza con responsabilidad y compromiso su trabajo, será transferido al Ministerio donde trabajarán con orden, seriedad e idoneidad«.
A través del Decreto 696/2024, publicado el día lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno dispuso el cierre del INADI. En el mismo documento, la administración libertaria explicó los diversos motivos por los que consideró necesario el cierre del instituto.
En primer lugar, el texto expreso que «la nación Argentina no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento; todos sus habitantes son iguales ante la ley y gozan de protección contra toda forma de discriminación«. También recalcó que la «Constitución Nacional» se encarga de promover «medidas de acción positiva con el fin de garantizar la igualdad real de oportunidades y de trato, como así también el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos constitucionalmente«.