La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) abrió una investigación preliminar por el escándalo que involucra la promoción por parte del presidente Javier Milei del meme coin $LIBRA que resultó una estafa para miles de inversores, en todo el mundo. Pese a que todavía no recibió ningún pedido de colaboración por parte de la fiscalía que encabeza Eduardo Taiano, la oficina que conduce el fiscal Sergio Rodríguez inició de manera autónoma sendas investigaciones a la espera de que el caso tenga impulso fiscal ante el juzgado de María Servini que aglutina el mayor número de denuncias presentadas.
Pero en paralelo, el caso ofrece su flanco más amenazante para la situación de la administración Milei desde el exterior, donde algunos afectados ya se han presentado ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) para iniciar una demanda. Este tipo de presentaciones buscan caminar los pasos que siguieron los bonistas que litigaron contra el país en tribunales extranjeros y aquí es donde la figura de Milei –promocionando en su cuenta de X y en el ejercicio de sus funciones el fallido proyecto de inversión- salpica al Estado argentino, en múltiples aristas. No es solo la posibilidad de actuación del FBI, sino también de Homeland Security, un organismo poco conocido en estas latitudes (más allá de la ficción de una serie) pero que gusta de intervenir en investigaciones de este calibre, sobre todo si la circulación del dinero obtenido en la estafa pudo tener relación con algún activo estadounidense en el mundo.
La PIA –que depende de la Procuración General de la Nación- posee autonomía para investigar hechos de posible corrupción e irregularidades administrativas cometidas por funcionarios públicos, lo que pone en la mira no solo al Presidente, sino a todo su entorno, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei y todos aquellos funcionarios que hayan intervenido en las gestiones que derivaron en el cripto escándalo. Es decir, puede avanzar de oficio si considera que existen elementos, al menos, para una investigación preliminar.
Esto ya está ocurriendo por dos vías, según confirmó Ámbito: por un lado, comenzó unificando una serie de presentaciones anónimas que fueron recibidas directamente en la PIA; y por el otro, un escrito de la legisladora Graciela Ocaña que apuntaba directamente a un presunto tráfico de influencias por el supuesto pago de audiencias por parte de empresarios interesados en mantener reuniones con Milei que, según trascendió desde ayer, tendrían como epicentro la figura de su hermana, pero podría extenderse a otros miembros del entorno presidencial. Ese escrito se está analizando por parte de los fiscales especializados de manera separada.
De reojo observan lo que pueda llegar a ocurrir en Comodoro Py cuando Servini termine de organizar el papeleo y le corra vista al fiscal Eduardo Taiano que está regresando el 20 desde Costa Rica y debe ser quien decida el impulso de la acción penal, enmarcar qué delitos se investigarán, en principio, y si explicita o no una lista de imputados.
El “hombre-bomba” es Hayden Davis que sería un a.k.a y no su nombre real, al menos para los registros migratorios. Sus presuntos chats alardeando de un control de las acciones del presidente argentino a través de pagos de dinero a su hermana convierten su teléfono en un objeto de interés. El FBI suele ser más práctico a la hora de inmiscuirse en esas cuestiones. Lo demostró con Alejando Burzaco en el FIFA Gate, a quien capturaron, convirtieron en un testigo protegido que aportó información sobre toda la trama de corrupción, y cambio fue condenado con el beneficio de no pisar una cárcel.
Davis es un candidatazo para mutar en arrepentido y conseguir algún grado de inmunidad. En el medio, podría dejar un tendal tras de sí, con más consecuencias políticas que legales. O como ocurrió años atrás con el juicio en tribunales norteamericanos a Guido Alejandro Antonini Wilson que dejó huérfana la investigación local por el ingreso de una valija con casi u$s800 mil.
Dos movimientos que agigantan torpeza se vieron en las primeras horas de un Gobierno sin reacción al escándalo en el comienzo de la semana: la primera fue hacer trascender vía voceros oficiosos que Milei podría “bajar” el pliego de Ariel Lijo para la Corte Suprema, apenas María Servini salió sorteada para intervenir en la causa. Fue un mensaje maquillado de rumor y dirigido a la jueza que es una de las promotoras de su par federal para el máximo tribunal que lo apoyó con un aval de puño y letra. Lijo también posee ascendencia sobre el fiscal Taiano, para quienes conocen los pliegues de Comodoro Py. Nada de esto obstaculizaría su actuación. Además, la situación de Lijo está a 48 horas de tener una definición, en lo que constituye un capítulo aparte por el menú de opciones que podrían desencadenarse.
Fuente: Ambito
