Estamos asistiendo a la plasticidad del orden internacional: su forma es el resultado de decisiones, disputas y equilibrios entre actores con capacidades desiguales. En ese sentido, el siglo XXI está desmintiendo supuestos que dominaron parte del debate posterior a la Guerra Fría: que el Estado perdería centralidad frente a mercados y redes transnacionales, y que la interdependencia económica haría cada vez más improbable el conflicto entre potencias. El retorno de la geopolítica -y de la seguridad- está reorganizando la manera en la que se define el interés nacional y la forma en que se ejerce el poder.
Las narrativas del “Nuevo Milenio” descansaban en una expectativa de convergencia: mayor integración, reglas compartidas y, un horizonte de previsibilidad creciente. Esa promesa se ha ido estrechando. En su intervención en Davos 2026, el primer ministro canadiense Mark Carney describió el momento como una “ruptura”: una fractura de los supuestos que sostenían la estabilidad relativa del sistema. Para muchas sociedades del mundo en desarrollo esa ruptura no es una novedad; lo novedoso es que ahora se percibe con más nitidez en las potencias medias, que ya no se sienten protegidas por la arquitectura institucional.
Lo que suele llamarse Orden Internacional Liberal no era únicamente un conjunto de instituciones, sino una combinación de reglas, expectativas compartidas y mecanismos de coordinación que buscaban contener el uso discrecional de la fuerza y canalizar las disputas hacia marcos previsibles. La ONU como instancia de legitimidad y mediación; la OMC como marco normativo para el comercio y la solución de controversias; el FMI como proveedor de financiamiento de emergencia frente a crisis externas. Ese orden no ha desparecido. Pero sí está erosionado y fragmentado, y su capacidad de disciplinar conductas se reduce cuando chocan intereses estratégicos de las grandes potencias.
En este punto conviene precisar categorías. “Gran potencia” no es solo el tamaño económico o territorial. Es la combinación de capacidades materiales (economía, tecnología, recursos, industria), capacidad militar y de proyección, redes de alianzas, influencia institucional y normativa, y un grado de cohesión interna suficiente para sostener una estrategia en el tiempo. Bajo estos parámetros, Estados Unidos y China concentran la disputa estructurante del sistema contemporáneo: compiten por control de tecnologías críticas, acceso a recursos estratégicos, influencia sobre normas y estándares, y por el ordenamiento de alianzas. Rusia, por su parte, conserva un peso decisivo en el plano militar y de seguridad – en especial en su vecindad regional -, aunque con una base económica comparativamente menor. Se trata de una gran potencia “en un eje” más que en todos.
Debajo de ese nivel se ubican las potencias medias: Estados con capacidades significativas, pero insuficientes para moldear por sí solos la estructura del sistema. Su margen de acción depende de coaliciones, instituciones y de su capacidad de convertir recursos económicos y tecnológicos en influencia política. Alemania, Francia, Reino Unido, Japón, Canadá, Corea del Sur, son ejemplos típicos. A la vez, existen potencias regionales – como Arabia Saudita, Irán, Turquía o Israel – que ejercen influencia relevante en su entorno. Y también aparecen casos de Estados pequeños con alta capacidad de influencia sectorial (energía, finanzas, diplomacia) como Qatar, o Emiratos.
El efecto político más relevante de esta reconfiguración es el estrechamiento de opciones para terceros. Cuando las grandes potencias reintroducen la coerción como herramienta explícita de política exterior, la autonomía se vuelve más costosa. Las potencias medias y muchos países del Sur Global quedan empujados a estrategias de alineamiento, cobertura o diversificación: acercarse al hegemón dominante en su región, buscar equilibrios entre polos, o construir márgenes mínimos de maniobra a través de acuerdos puntuales.
Por eso el escenario es menos estable: aumenta la incertidumbre, proliferan medidas unilaterales, se debilitan mecanismos de arbitraje y crece la lógica de zonas grises. Más que una “transición” lineal entre órdenes, estamos en una fase de competencia en la que conviven instituciones heredadas, reglas selectivas y acciones de fuerza que buscan redefinir hechos consumados. En ese marco, el desafío no es solo descriptivo: es estratégico. Para países y actores que no son grandes potencias, la pregunta central es cómo sobrevivir políticamente en un sistema donde la previsibilidad se reduce y donde la autonomía se construye, se negocia y se paga.
