En una jornada marcada por intensas negociaciones y concesiones de último minuto, el oficialismo ha logrado un hito legislativo que el presidente Javier Milei considera vital para su plan de gobierno: la media sanción de la reforma laboral. Bajo el rótulo de «modernización», el proyecto que ahora se encamina a Diputados propone un cambio de paradigma que, si bien es presentado como una solución a la falta de generación de empleo genuino, despierta serias dudas sobre la erosión de los derechos fundamentales de los trabajadores argentinos.

Desde un punto de vista técnico, nadie puede negar que las leyes laborales en Argentina requieren de una actualización que contemple las nuevas economías digitales y la realidad de las PyMEs. Sin embargo, el enfoque adoptado por la actual administración parece priorizar la reducción de costos empresariales a través de la quita de protecciones, en lugar de fomentar una productividad basada en la inversión y el crecimiento real.

El costo de la flexibilidad Uno de los puntos más críticos de la reforma es la extensión de los períodos de prueba y la eliminación de las multas por falta de registro laboral (el empleo «en negro»). El argumento oficial sostiene que «alivianar» estas cargas incentivará la contratación. No obstante, la historia económica argentina y la evidencia regional sugieren lo contrario: facilitar el despido no genera, por sí mismo, más empleo; lo que genera es una mayor rotación y una sensación de inestabilidad constante para el jefe o jefa de hogar.

La figura del «trabajador independiente con colaboradores», que permite tener hasta tres personas trabajando fuera de la ley de contrato de trabajo bajo un régimen de monotributo, es quizás el punto más preocupante. Bajo el velo de la autonomía, lo que se institucionaliza es una forma de «uberización» del empleo, donde el eslabón más débil de la cadena pierde el acceso a la seguridad social y a la estabilidad que otorga un empleo formal.

Un triunfo político con sabor a incertidumbre El Gobierno ha demostrado una pericia política notable para articular mayorías con los sectores denominados «dialoguistas». La reducción de la reforma original —que era mucho más ambiciosa y agresiva— a este paquete consensuado permitió que la iniciativa avanzara. Pero es necesario preguntarse: ¿cuál es el precio de este consenso?

Respetuosamente, debemos señalar que la visión del Presidente Milei, quien entiende al Estado y sus regulaciones como un «enemigo», choca frontalmente con la noción de justicia social que ha caracterizado al desarrollo humano en Occidente. Si la libertad de contrato no está mediada por un piso mínimo de derechos, lo que queda es la ley del más fuerte.

En los próximos días, Diputados tendrá la responsabilidad de evaluar si este proyecto es realmente el motor de crecimiento que el país necesita o si, por el contrario, representa un retroceso hacia una Argentina de derechos debilitados. La modernización es necesaria, pero nunca debería ser sinónimo de desprotección. El desafío de un estadista no es solo desregular, sino construir un marco donde el progreso económico y la dignidad humana caminen por la misma senda.