En el epicentro de una severa crisis financiera, la emblemática firma santafesina Lácteos Verónica resolvió la cesión de sus dos establecimientos industriales más estratégicos en la provincia de Santa Fe. Los activos productivos ubicados en Clason y Suardi fueron comprometidos por un monto global de 15,5 millones de dólares a favor de las firmas Lacterra S.A.S. y Copalac S.A.S., respectivamente. Sin embargo, la concreción formal de las operaciones —cuyos instrumentos se suscribieron el pasado 2 de julio— permanece supeditada a la previa autorización del fuero comercial, dado que la compañía controlada por la familia Espiñeira formalizó semanas después su presentación en concurso preventivo de acreedores, reportando un pasivo total acumulado que supera los $118.496 millones.

El deterioro del cuadro económico e insolvencia de la láctea se fue agudizando a lo largo del último año. Según la documentación aportada en el expediente judicial, el balance operativo de la firma exhibe un registro alarmante con más de 2.900 cheques rechazados por un valor superior a los $11.200 millones, acompañado por un endeudamiento bancario formal de casi $4.745 millones, posicionando al Banco Galicia como la entidad crediticia principal. A este pasivo financiero se le añade el firme reclamo de aproximadamente 150 productores tamberos de la cuenca regional, quienes exigen la cancelación de acreencias por 60 millones de dólares en concepto de materia prima entregada y nunca liquidada. Al 30 de junio pasado, el patrimonio neto negativo ascendía a $9.262 millones, evidencia contable de un déficit estructural que la conducción empresaria adjudica al desplome vertical del consumo masivo, el encarecimiento de las tasas de financiación y una parálisis crítica en el flujo de caja.

Las condiciones de la transacción han despertado profundas sospechas tanto en el ámbito industrial como en las organizaciones gremiales, al constatarse que las sociedades adquirentes fueron creadas apenas días antes de la firma de los contratos: Lacterra fue inscripta el 19 de junio y Copalac el 11 del mismo mes. Ambas operaciones de compraventa quedaron articuladas mediante acuerdos de producción a fasón, esquema mediante el cual las nuevas firmas suministran la materia prima y preservan la propiedad del producto final, limitándose Verónica al cobro de un canon por el procesamiento industrial. De hecho, las instalaciones de Suardi comenzaron a operar bajo dicho esquema transitorio quince días atrás, aunque utilizando una dotación de apenas 12 a 18 trabajadores sobre un plantel total de 85 operarios. Desde la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea de la República Argentina (ATILRA) remarcaron que el mecanismo apenas constituye una «solución provisoria y coyuntural» y ratificaron las exigencias para que los dueños liquiden los salarios caídos.

El escenario laboral adquiere ribetes dramáticos para la plantilla remanente. Los operarios de los tres centros productivos (Clason, Lehmann y Suardi) no perciben haberes desde el mes de diciembre de 2025, se les adeudó el sueldo anual complementario y han sufrido la suspensión de la cobertura médica de obra social junto con la interrupción en los aportes previsionales. La nómina histórica de 700 dependientes se redujo drásticamente a poco más de 300 trabajadores en la actualidad, distribuidos entre las dos plantas comprometidas comercialmente y una tercera unidad inactiva (140 trabajadores en Clason, 85 en Suardi y 112 en Lehmann).

Frente al deterioro sostenido, las medidas de protesta sindical se multiplicaron mediante acampes y movilizaciones en los accesos de las fábricas. Mientras la definición legal de las ventas permanece bajo la órbita de los tribunales comerciales, el personal mantiene la guardia en las instalaciones paralizadas, cruzado por la incerteza sobre el futuro operacional y la denuncia expresada por representantes legislativos respecto de un eventual e inminente proceso de vaciamiento empresarial.