La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo en los tribunales federales a cargo del juez Ariel Lijo. El fiscal federal Gerardo Pollicita ordenó una serie de medidas de prueba clave destinadas a verificar la justificación financiera presentada por el funcionario, quien aseguró haber obtenido una ganancia de 300.000 dólares tras realizar una inversión inicial de 200.000 dólares en Bitcoin a partir del año 2013.

Para contrastar la veracidad de esta «coartada cripto», la fiscalía solicitó un informe técnico a la Comisión Nacional de Valores (CNV) sobre las plataformas de activos virtuales que operaban en el país desde 2012 y la existencia de registros formales en esa época. Paralelamente, un organismo del Ministerio Público ya elabora un cuadro sobre la evolución histórica del precio de la criptomoneda. Expertos del sector señalan el carácter excepcional de la cifra declarada, indicando que para 2014 un porcentaje ínfimo de billeteras virtuales a nivel global manejaban montos tan elevados.

La pesquisa judicial también se expandió hacia los movimientos patrimoniales del entorno del funcionario. El fiscal Pollicita requirió los registros de ingresos y egresos al country «Indio Cuá», con el objetivo deauditar los costos reales de la remodelación de una propiedad de fin de semana. En este marco, se analiza el teléfono de un contratista que manejaba pagos en efectivo y que gestionó una compra millonaria de blanco a nombre de un tercero. Asimismo, la Justicia libró órdenes para constatar si la madre de Adorni se mudó recientemente a un exclusivo barrio privado en Berazategui, exigiendo detalles sobre los contratos de alquiler y expensas. Finalmente, se solicitó certificar una causa paralela que involucra al hermano del ministro por sospechas similares, buscando conexiones con los bienes familiares.