Juliana Di Tullio presentó un proyecto para que los miembros del Estado deban someterse a un test antidóping.
La iniciativa que llegará a la Cámara Alta se da en el contexto de la lucha contra el narcotráfico, sobre la que la legisladora kirchnerista hizo referencia: «La situación que estamos viviendo con nos obliga como funcionarios a comprometernos en serio. No podemos decir una cosa y hacer otra, el pueblo nos está pidiendo coherencia«, afirma el comunicado que difundió.
Las pruebas de detección de drogas ilegales en orina propuestos por Di Tullio serían de realización obligatoria para cualquier funcionario, incluso el Presidente de la Nación, al menos una vez al año y de manera aleatoria.
La Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas, bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros, sería el organismo que estaría a cargo de realizar los controles pertinentes que alcanzaría al Poder Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial.
El proyecto está encabezado por el presidente del bloque Frente Nacional y Popular, senador José Mayans y la senadora Di Tullio, pero además lleva las firmas de los senadores Anabel Fernández Sagasti y Oscar Parrilli. Todos ellos pertenecen al entorno cercano a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Acorde a la presentación, el examen antidoping incluirá a distintos integrantes del Estado. En el caso del Poder Ejecutivo, deberían realizárselo Presidente o Presidenta de la Nación, Vicepresidente o Vicepresidenta de la Nación, Ministros o Ministras y funcionarios hasta el rango de subsecretario de Estado.
Por el lado del Poder Ejecutivo, deberán someterse al test legisladores y legisladoras y funcionarios hasta el rango de prosecretarios; y en el Poder Judicial, magistrados en todos sus niveles, y funcionarios hasta el grado de prosecretario administrativo.
La letra del proyecto aclara que ante la detección de una droga ilegal en algún miembro del Estado, la sanción será conjunta entre el organismo correspondiente y con la máxima autoridad de cada uno de los poderes, y varían entre la suspensión y/o la aplicación de licencias hasta su recuperación.
A mediados de 2022 se incorporó una medida similar en el reglamento de la Cámara de Diputados de Chile, donde el examen será periódico y de manera aleatoria, con la idea de que todos los parlamentarios deban realizárselo dos veces durante su periodo de cuatro años en el cargo.
Los resultados del test son públicos, y los parlamentarios que den positivo deberán dar autorización para levantar su secreto bancario, y en caso de que exista una transacción por sobre los 30.000 dólares aproximadamente, deberá ser justificada.
Los diputados pueden negarse a realizarse el test, sin embargo, recibirán una sanción de parte de la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara.
Fuente: Perfil / MInutoUNo
