La política argentina se vio sacudida por un nuevo episodio de inestabilidad gubernamental, marcado por las renuncias repentinas y simultáneas de Guillermo Francos y Lisandro Catalán, dos de los funcionarios clave en la articulación del Gobierno con los poderes provinciales. Este evento, lejos de ser un mero reacomodamiento de fichas, expuso la virulencia de una interna que, tras la reciente victoria electoral, no solo no cesa, sino que se agudiza y pone en jaque la gobernabilidad.
El timing de las dimisiones fue particularmente desconcertante. Apenas veinticuatro horas antes, la Casa Rosada había sido el escenario de una cumbre crucial, donde el Presidente Javier Milei se había reunido con una veintena de gobernadores. El encuentro había generado una frágil, pero palpable, sensación de rapprochement, sugiriendo la posibilidad de un camino de diálogo y consenso legislativo indispensable para el avance de las reformas. Francos, como ex Ministro del Interior, y Catalán, su asociado principal en las gestiones, eran los arquitectos de este acercamiento, los rostros visibles de la diplomacia presidencial.
La noticia de su partida, que en muchas gobernaciones se conoció de manera informal a través de las redes sociales, cayó como un balde de agua fría. Los mandatarios provinciales, que aún debatían la conveniencia de depositar su confianza en la nueva narrativa gubernamental, perdieron de golpe a sus principales interlocutores. El vacío político resultante generó una profunda sensación de consternación y puso en entredicho la continuidad de las negociaciones que se venían gestando. La pérdida de los puentes políticos construidos por ambos funcionarios representa un retroceso significativo en la estrategia de cohesión territorial del Gobierno.
El Destino Sellado: La “Foto” y la Batalla por el Poder
El símbolo más elocuente de la fractura interna fue la deliberada omisión de Francos y Catalán en la fotografía oficial de la reunión con los gobernadores. Pese a que ambos habían organizado meticulosamente el encuentro —convocando a doce y ocho mandatarios respectivamente—, la decisión de borrarlos de la imagen protocolar no fue un descuido, sino un mensaje cifrado que confirmaba el rumor que ya circulaba en los pasillos: su autoridad había sido socavada.
La fuente de este debilitamiento apuntaba directamente a Santiago Caputo, el asesor presidencial cuya influencia se extiende de manera tentacular sobre las áreas sensibles de la gestión. Si bien Francos optó por una justificación diplomática sobre «persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete,» la renuncia de Catalán fue mucho más airada. Reportes internos señalan que el malestar de Catalán se dirigió sin tapujos hacia Caputo, a quien se acusó de instrumentar una campaña mediática activa para precipitar la salida de los funcionarios, incluso antes de la contienda electoral de octubre.
El centro de la disputa era la potestad política. Los funcionarios salientes advertían que Caputo estaba maniobrando para consolidar un verdadero «superministerio». Este nuevo enclave de poder le otorgaría control directo sobre áreas cruciales, como obras públicas, y la capacidad de negociar directamente con las provincias, pasando por encima de las firmas y la autoridad formal de Francos y Catalán. Se trataba de un esfuerzo claro por centralizar la articulación política en una figura cercana al círculo presidencial, desmantelando los canales institucionales.
La Guerra de las Facciones: Caputo vs. Karina Milei
La salida de los negociadores es solo la punta del iceberg en una confrontación de facciones mucho más amplia que se intensificó tras el reciente triunfo en las urnas. La administración se encuentra polarizada entre el ascendente poder de Santiago Caputo y la autoridad de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.
Aunque el sector de la secretaria había impuesto una política de no responder a las tensiones expuestas por el ala caputista, conocida como «Las Fuerzas del Cielo,» el temor a una intervención desmedida en todas las áreas de gestión ha escalado. La preocupación reside en que la influencia de Caputo está desbordando los límites de la asesoría para inmiscuirse en la operatividad diaria. Un ejemplo es su intervención en las negociaciones con los diputados provinciales, un espacio que tradicionalmente ha sido liderado por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem.
El clima de descontrol se alimenta de una lucha por el relato: tras cada éxito parlamentario, operadores de distintos sectores del Gobierno pugnan por acercarse a la prensa y atribuirse el mérito de las gestiones, evidenciando una estructura de mando caótica y competitiva.
El Factor Bullrich y el Nuevo Equilibrio
El mapa interno se complejizó aún más con la irrupción de Patricia Bullrich. La Ministra de Seguridad, tras mostrar su lealtad al movilizar a un grupo de diputados del PRO hacia el bloque oficialista, ha decidido consolidar su posición como referente en el Senado. En un gesto que subraya la gravedad de la situación, Bullrich habría solicitado de forma directa y explícita al Presidente que limite el alcance y la intromisión de su asesor principal en la gestión del Gobierno.
Este escenario de alta tensión culminó con la designación de Manuel Adorni, el ex vocero presidencial, como nuevo Jefe de Gabinete, en reemplazo de Francos (según la reconfiguración planteada en el momento). Este cambio no solo implica un recambio de nombres, sino una reorientación estratégica: la figura del portavoz, centrada en la comunicación, toma ahora un rol operativo crucial, indicando una posible primacía de la narrativa sobre la construcción política tradicional.
La reconfiguración del Gabinete, que también se llevó consigo a figuras como José Luis Vila, deja al descubierto que la victoria electoral no trajo consigo la paz, sino una intensificación de la «guerra fría» interna. El precio de esta disputa es la inestabilidad institucional y la complicación del ya difícil camino hacia la aprobación de las reformas estructurales propuestas por el Gobierno.
