En el decreto se establece «que las contrataciones de personas que hayan iniciado a prestar servicios a partir del 1 de enero de 2023, en los organismos comprendidos en los incisos a) y c) del artículo 8° de la ley 24.156, no serán renovadas». Y apunta que «la presente medida comprende las contrataciones efectuadas en el marco del artículo 9° de la Ley N° 25.164, del Decreto N° 1109 del 28 de diciembre de 2017, y de toda otra modalidad de contratación que concluya al 31 de diciembre de 2023».

Al mismo tiempo aplica una serie de excepciones entre las que se encuentran las contrataciones «derivadas de cupos regulados por ley u otro tipo de protecciones especiales» o el personal «que haya estado prestando tareas con fecha previa al 1 de enero de 2023 y haya cambiado su modalidad de contratación».

Además, se exceptúa de la normativa al personal «que el titular de cada jurisdicción evalúe que resulte «indispensable» para el funcionamiento de la jurisdicción, de manera restrictiva y de manera fundada que su continuidad es n necesaria por razones impostergables de funcionamiento».

Por otro lado, dispone que las contrataciones efectuadas en el marco del artículo 9° de la Ley N° 25.164 y del Decreto N° 1109 del 28 de diciembre de 2017, cuya fecha de ingreso a la administración sea previa al 1 de enero de 2023 «no podrán ser renovadas por un periodo mayor a noventa (90) días corridos».

Por último, instruye a las autoridades competentes de cada jurisdicción mencionada en el artículo 1° «a que, en el plazo establecido en el artículo precedente, realicen un relevamiento exhaustivo del personal contratado cuya fecha de ingreso a la administración sea previa al 1 de enero de 2023 con el fin de evaluar la renovación de las contrataciones mencionadas precedentemente».

«En el caso de que las autoridades decidan renovar esos contratos, deberán fundar la decisión demostrando la necesidad de continuar con la contratación», concluye el decreto.

Fuente: Ambito