El proceso de privatización de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) sufrió un fuerte revés judicial. El juez en lo Contencioso Administrativo N° 2 de La Plata, Mariano López, dictó una medida cautelar que paraliza la venta de activos impulsada por la gestión del presidente Javier Milei. La decisión judicial hace lugar a un amparo presentado por Guido Lorenzino, titular de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, quien denunció que el pliego de licitación ignora pasivos ambientales históricos en territorio bonaerense y debilita la protección del recurso hídrico.

En su fallo, que ya fue elevado a la Cámara Federal de La Plata, el magistrado argumentó que el esquema de venta planteado por el Gobierno nacional reduce las exigencias regulatorias, posterga obras de infraestructura críticas y carece de mecanismos suficientes para la recomposición ambiental. De esta forma, la Justicia respaldó la postura de la Defensoría al priorizar el derecho humano de acceso colectivo al agua potable de manera segura, equitativa y suficiente, frente a los riesgos que podría implicar un traspaso desregulado al sector privado.

El plan del oficialismo contemplaba la venta del 51% de las acciones a un «operador estratégico» y la salida a la Bolsa del porcentaje restante, bajo una concesión a 30 años. Este escenario reaviva el debate sobre la historia de la compañía: tras haber sido creada en 1912 como Obras Sanitarias de la Nación, fue privatizada en los años 90 bajo el control de la firma francesa Suez y reestatizada en 2006 por el expresidente Néstor Kirchner. Los informes históricos de aquel periodo de gestión privada recuerdan un incremento desproporcionado en las tarifas residenciales en comparación con la inflación de la época, sumado a reiterados incumplimientos en materia de inversiones y de expansión de las redes del servicio público esencial.