En un escenario de creciente hostilidad entre las provincias y la Casa Rosada, el gobernador Ricardo Quintela mantuvo un encuentro estratégico con los senadores Florencia López y Fernando Rejal. La reunión no fue solo un gesto de cortesía institucional, sino la consolidación de un frente de resistencia ante lo que califican como un «avasallamiento» a los derechos laborales y un abandono sistémico de las economías regionales.

La discusión central giró en torno a la reforma laboral que acecha en el Senado. Para los legisladores riojanos, el proyecto es una «falsedad ideológica» que, lejos de generar empleo, busca abaratar el costo de despido para beneficio exclusivo de los grandes grupos concentrados. Las cifras que manejan en el entorno del gobernador son alarmantes: desde el inicio de la gestión libertaria, el país cuenta con 230.000 puestos de trabajo menos y casi 20.000 PyMEs que bajaron sus persianas, un saldo que consideran el resultado directo de priorizar el déficit cero sobre la producción.

Sin embargo, el trasfondo de esta disputa legislativa tiene un componente económico desesperante para los riojanos: la deuda que el Estado Nacional mantiene con la provincia. En concepto de fondos coparticipables retenidos y partidas presupuestarias no enviadas (incluyendo el Fondo Compensador), la deuda de la gestión Milei con La Rioja ya supera los $300.000 millones de pesos. Esta retención de fondos, denunciada ante la Corte Suprema, es vista como una herramienta de chantaje político para quebrar la voluntad de los gobernadores díscolos.

A esto se suma la desidia ambiental. Quintela fue tajante al contrastar la «frivolidad» del Gobierno Nacional con la tragedia del cambio climático que azota al país. Mientras el fuego devasta miles de hectáreas en la Patagonia y los fenómenos climáticos golpean al norte, el Estado Nacional ha desarticulado las herramientas de emergencia tras la derogación de artículos clave en la Ley Bases. En este contexto, La Rioja y sus senadores se preparan para una batalla legislativa donde lo que se pone en juego no es solo un articulado laboral, sino la supervivencia del federalismo frente a un centralismo que ajusta mediante la deuda y el olvido.