La decisión del Gobierno de postergar el tratamiento del Presupuesto General de la Administración Nacional para 2026 y convocar a sesiones extraordinarias para diciembre, aunque presentada como una búsqueda de consenso, conlleva serios riesgos e incertidumbre para el normal funcionamiento del Estado y para la economía.

La dilación en la sanción de la Ley de Presupuesto genera un escenario de inestabilidad fiscal y administrativa.

• Incertidumbre en la Gestión y Políticas Públicas: Sin una ley de presupuesto aprobada al inicio del nuevo ejercicio fiscal (1 de enero), el Gobierno debe prorrogar automáticamente el presupuesto del año anterior. Esta prórroga implica que el Estado funciona con cifras y prioridades que no se corresponden con la realidad económica y política actual.
• Ajuste por «Default»: La prórroga no es una solución neutral. Dado el contexto de alta inflación y la necesidad de ajuste, trabajar con un presupuesto «viejo» significa en la práctica un recorte encubierto y desordenado del gasto real. Los montos asignados quedan desactualizados, afectando la capacidad operativa de ministerios, hospitales, universidades y programas sociales.
• Freno a la Inversión y Obra Pública: La falta de planificación clara dificulta el inicio de nuevas obras de infraestructura o grandes proyectos de inversión, paralizando el motor del crecimiento y la generación de empleo.
• Poder Discrecional del Ejecutivo: La prórroga presupuestaria otorga al Poder Ejecutivo mayor discrecionalidad para reasignar partidas y modificar el gasto mediante Decretos y Decisiones Administrativas. Esto disminuye el control del Congreso y debilita el equilibrio institucional.
• Presupuesto Desactualizado: La nueva composición del Congreso, que asume en diciembre, discutirá cifras que ya estarán desfasadas por la inflación y los cambios macroeconómicos, haciendo que el debate sea menos efectivo y realista.

El Riesgo de Usar el Presupuesto como Caballo de Troya

Además de la parálisis administrativa, el Gobierno pretende utilizar las sesiones extraordinarias para incluir reformas estructurales de gran calado, como la reforma laboral.

• Mayor Presión Política: Tratar temas tan complejos y divisivos como el Presupuesto y las reformas laborales en un período extraordinario (diciembre) genera un clima de urgencia y puede limitar el debate necesario, presionando a los nuevos legisladores.
• Mezcla de Agendas: Incluir las reformas en el mismo llamado que el Presupuesto (la «Ley de Leyes») es una estrategia que busca acelerar su aprobación bajo la premisa de que todo es crucial para la estabilidad económica, lo que es visto por la oposición como un intento de evitar un análisis exhaustivo.

En resumen, la postergación del Presupuesto, si bien puede buscar mayor respaldo político en el nuevo Congreso, acarrea el peligro real de paralizar la administración y forzar un ajuste por inercia, mientras se intenta impulsar con prisa una agenda de reformas que afecta directamente los derechos de los trabajadores y la estructura del Estado.