La emergencia en discapacidad logró lo que ninguna otra ley había conseguido hacer desde que Javier Milei es presidente: sumar dos tercios en la Cámara de Diputados y voltear el veto presidencial. Con 172 votos a favor y 73 en contra, la oposición pudo darle una buena noticia a las decenas de familiares y personas con discapacidad vienen concentrando fuera del Congreso hace semanas: el primer paso, el más difícil, para insistir una ley que actualiza las pensiones por discapacidad y las prestaciones. La ley se girará ahora al Senado, donde la oposición confía en que tendrá los dos tercios.
Afuera, en la calles, las organizaciones estallaron en aplausos cuando el tablero de la Cámara de Diputados mostró el resultado: contra todo pronóstico, luego de dos intentos fallidos el año pasado —cuando Milei logró blindar los vetos al aumento a los jubilados y las universidades—, la oposición había logrado conseguir los dos tercios para voltear un veto de Milei.
Lo hizo por un pelo: el Gobierno logró asegurarse un blindaje de 73 aliados, compuestos en su mayoría por los propios —aunque no todos, hubo ausencias—, el PRO, los radicales “con peluca” y los diputados que responden a Rogelio Frigerio y Alfredo Cornejo.
El PRO escenificó en el recinto la fusión que selló con LLA en las listas electorales, aportando casi la mitad de los votos en contra. Cristian Ritondo, sin embargo, no logró ordenar a todo el bloque en defensa de Milei. Silvia Lospennato y Germana Figueroa Casas se abstuvieron, por más que estaban presentes en el Palacio, lo que habilitó que la oposición estuviera mas cerca de conseguir los dos tercios. María Eugenia Vidal se abstuvo. Y, por último, hubo cinco diputadas del PRO, como la correntina Sofía Brambilla, que votaron a favor.
La UCR, finalmente, terminó acompañando la ley. La única excepción fueron los mendocinos, Pamela Verasay y Lisandro Nieri, y el chaqueño Gerardo Cipolini, que cerraron acuerdos electorales con LLA.
El debate fue breve, apenas duró unas horas: la oposición sabía que el oficialismo apostaría a desvirtuar la sesión, por lo que el objetivo era sintetizar. Hubo dos ejes en los discursos: los más belicosos, que hicieron hincapié en los audios filtrados del director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, y los que apelaron a los indecisos, insistiendo en que era una ley que apenas representaba un costo fiscal -0,3% del PBI- y que la emergencia de las personas con discapacidad era absoluta.
“La situación es desesperante. Se está cayendo el sistema. Nadie sabe qué hacer. No acceden a medicamentos, ni al transporte, no funcionan los comedores dentro de los institutos. La ley acomoda el nomenclador, es razonable. Háganlo funcionar porque esto no da más”, exclamó uno de los impulsores de la ley, Daniel Arroyo.
Fuente: DIarioAr
