En un escenario de creciente tensión social y con los indicadores de informalidad laboral arañando techos históricos, la Casa Rosada ha decidido mover sus piezas en el tablero político con una premisa clara: «blindar» a como dé lugar la reforma laboral. Bajo el eufemismo de la «modernización», el Poder Ejecutivo convocó a una mesa técnica y política que, lejos de ser un espacio de diálogo genuino, parece erigirse como el último bastión para garantizar que el proyecto no naufrague en el Congreso frente a la resistencia de bloques opositores y el descontento sindical.

La mesa de la sospecha

La reunión, encabezada por las figuras más leales al círculo presidencial, se presenta hacia afuera como un espacio de coordinación técnica. Sin embargo, en los pasillos de Balcarce 50 el aire es otro. Lo que se gesta no es solo una revisión de incisos, sino un operativo de seducción (y presión) hacia los gobernadores provinciales. Estos últimos, asfixiados financieramente, se ven obligados a balancear el bienestar de sus trabajadores con las promesas de fondos coparticipables que el Ejecutivo retacea, utilizándolos como moneda de cambio para obtener los votos necesarios.

El término «blindar» no es caprichoso. El Gobierno sabe que su reforma laboral toca fibras sensibles del contrato social argentino: indemnizaciones licuadas, la creación de un «banco de horas» que amenaza la jornada de ocho horas y una flexibilización que, según sus detractores, solo servirá para precarizar aún más a quienes ya están en la cuerda floja.

Una reforma a medida del capital, no del trabajador

El oficialismo sostiene que el objetivo es combatir el empleo no registrado, que en el segundo trimestre de 2025 ya superó el 43%. Pero aquí surge la primera gran grieta en el relato oficial: ¿se combate la informalidad quitando derechos a los formalizados o bajando la presión fiscal a través de una reforma impositiva integral que nunca llega?

La mesa técnica, donde participan asesores de la cartera de Seguridad —un dato que por sí solo debería encender alarmas sobre la mirada que se tiene de la protesta social—, parece ignorar deliberadamente los reclamos de la CGT y otros sectores gremiales. La reducción de los aportes patronales a las obras sociales, del 6% al 5%, no es solo un golpe a las finanzas de los sindicatos; es un recorte directo a la salud de millones de familias, en un momento donde el sistema sanitario privado se ha vuelto un lujo inalcanzable.

El juego de los gobernadores

El rol de los mandatarios provinciales es, quizás, el punto más crítico de esta estrategia de blindaje. El Gobierno analiza «moverse» sobre los fondos que hoy son objeto de disputa para ablandar resistencias. Se habla de compensar la merma de recursos de 2026 a cambio de un acompañamiento a ciegas en el recinto. Esta «política de billetera» despoja a la discusión de cualquier barniz ético o técnico: no se debate si la ley es buena para el país, sino cuánto cuesta el silencio de las provincias.

¿Hacia una paz social frágil?

Mientras el oficialismo celebra la supuesta «dinámica» que la reforma le dará al mercado laboral —incluyendo pagos en dólares que el trabajador promedio apenas podrá ver y la posibilidad de fraccionar vacaciones de manera unilateral por parte del empleador—, el kirchnerismo y los bloques de izquierda ya califican la iniciativa como un «mamarracho jurídico».

La verdadera pregunta es si un cambio estructural de esta magnitud puede sostenerse en el tiempo bajo un esquema de «blindaje» que excluye a la mitad de los actores involucrados. Las experiencias históricas en Argentina demuestran que las leyes laborales impuestas a espaldas de la clase trabajadora suelen derivar en una mayor judicialización y, finalmente, en un estallido de conflictividad social.

En definitiva, la reunión de esta mesa técnica no es más que una confesión de debilidad política: ante la falta de argumentos para convencer, el Gobierno recurre a la ingeniería de pasillo y a la presión fiscal para imponer una reforma que, lejos de crear empleo genuino, parece diseñada para garantizar que el ajuste pase, de una vez por todas, por las manos de quienes trabajan.