El presidente electo del país, Javier Milei, anunció este lunes las primeras medidas económicas sobre las que avanzará tras asumir el próximo 10 de diciembre como presidente de la Argentina. Una de ellas será, según declaraciones radiales, la derogación de la Ley Nacional de Alquileres hoy vigente ya que, tal como había anticipado en el Congreso como diputado, el dirigente libertario se opone a la regulación estatal al considerar que se trata de “un contrato libre entre partes”. Al respecto, el acceso a un techo para vivir es una derecho que en nuestro país depende, cada vez más, de la posibilidad de alquilar: los últimos datos del censo nacional dan cuenta de que en una década cayó cinco puntos el número de quienes pueden acceder a una vivienda de su propiedad pasando del 73% en 2010 al 68% de los hogares en 2022. Así, cualquier cambio posible impactará en al menos el 17% de la población, unos 8 millones de inquilinos en el país.
“Se deroga, lo único que ha hecho la Ley de Alquileres es generar daño”, expresó el presidente electo Milei al ser consultado sobre el tema, el día después de resultar ganador en las elecciones 2023. Al respecto, según señalaron referentes consultados por este medio aún con la derogación de la ley actual -lo que debería contar con la aprobación de un nueva norma que fije la desregulación total de contratos- no se garantiza de forma directa el crecimiento inmediato de la oferta de inmuebles, en tanto que un punto central pasará por ver si el gobierno electo avanza efectivamente en el proceso de dolarización de la economía prometido en la campaña electoral.
Desde el sector inquilino analizaron tras el anuncio que “lo que se viene es fortalecer la dolarización de la vivienda en Argentina, la burguesía deposita ahí parte de sus ganancias, como deposita dólares en el exterior o en renta agraria o en servicios públicos. Sin duda, se profundizaría el modelo de dolarización de la tierra y de la vivienda imperante y la contracara inevitable de eso es profundizar la crisis de la vivienda”, señalaron desde la Federación de Inquilinos Nacional. Por su parte, desde el sector inmobiliario, evaluaron que “la desregulación y libertad para acordar entre las partes va a ayudar a generar mayor oferta y resolver parcialmente la situación crítica que provoca la ley actual”. Y se esperanzan en que, en el nuevo escenario político “no debería haber problema para modificar la ley”, de acuerdo a la Cámara Inmobiliaria Argentina.
En declaraciones públicas el presidente electo, Javier Milei, señaló que impulsará la derogación de la norma que regula los alquileres, aprobada en 2020 y luego modificada en octubre pasado. «La ley de alquileres hay que derogarla y entender que es un contrato entre partes”, señaló el mandatario libertario y si bien aún no se conocen detalles de cómo llevaría a cabo esta medida, se advierte que va en consonancia con la postura expresada en Diputados cuando al debatirse el tema había planteado “no se necesita una nueva ley de alquileres, hay que eliminarla y dejar de interferir en contratos privados pulverizando el derecho de propiedad».
Frente al anuncio, que sería parte de las políticas económicas a poner en marcha por el gobierno entrante, Juan Arrizabalaga, referente desde la Federación de Inquilinos Nacional, dijo a este portal que “la derogación de la ley va a dejar un alquiler sin derechos y básicamente una tendencia a la dolarización, que es el objetivo del mercado inmobiliario. Se va a profundizar la crisis del acceso a la vivienda y la crisis que se expresa concretamente en los alquileres. Sin duda vamos a una situación realmente más dramática que la actual”. En ese sentido, evaluó que “el objetivo es que los alquileres habitacionales valgan lo mismo que un alquiler temporario, contratos cortos y en dólares en lo posible. Es la ley de la selva, para que la vivienda fortalezca su carácter de mercancía dolarizada, que es lo que viene sucediendo desde la dictadura hasta acá y que se profundiza cuando no hay ningún tipo de regulación, por lo que la situación crítica se va a profundizar”.
Según datos relevados las organizaciones CIPPEC, TECHO y ACIJ, en nuestro país 1 de cada 3 hogares padece, desde hace décadas, la falta de servicios básicos y hacinamiento, en tanto que 2,6 millones de viviendas necesitan ampliación y mejoras, las grandes urbes crecen 1,5 veces más que el aumento real de la población, y baja la cantidad de quienes tienen vivienda propia siendo ya 8 millones la población inquilina en el país. Además, de acuerdo al mismo informe, al menos 1,17 millones de familias viven en los 5.687 barrios populares y más de la mitad no accede regularmente a más de dos servicios básicos (luz, agua de red, cloacas) ni cuenta con títulos de propiedad del suelo, lo que a su vez se vincula directamente con las dificultades de grandes sectores de la población de acceder a un lugar para vivir mediante el mercado formal y la creciente expulsión desde los centros urbanos.
Fuente: El Destape / Economia / Ambito
