El Ministerio de Economía terminará de formalizar en estos días las actualizaciones de los acuerdos de Precios Justos la semana pasada, que entre sus principales características contempla ajustes del 5% mensual para 52.300 productos por 90 días y el congelamiento de los valores de venta de los combustibles líquidos y medicamentos hasta el 31 de octubre.
El paquete de medidas fue dispuesto tras una serie de encuentros con representantes de las cámaras empresarias sectoriales, luego de las remarcaciones de precios en diferentes productos de consumo masivo realizadas a partir de la devaluación que realizó el Gobierno al elevar el dólar oficial a $350 hasta octubre y la suba de los financieros y el blue entre el lunes 14 y el miércoles 16 de agosto.
«Entramos en un sendero en el cual no habrá más incrementos de combustibles, producto de una decisión en la cual el impacto de la devaluación la termina asumiendo el consumidor, una parte las empresas y una parte el Estado que va a resignar parte de los recursos que pagan las empresas», explicó Massa al respecto.
El mismo jueves 17 se formalizó, por medio de la publicación en el Boletín Oficial de la correspondiente resolución, la creación de la Unidad de Negociación de Acuerdos de Precios, para evaluar y acordar los compromisos de precios de bienes a ser suscriptos mediante convenios con empresas proveedoras y supermercados mayoristas y minoristas.
El ente tiene como coordinador al director general de Aduanas, Guillermo Michel, y también cuenta con la participación de los secretarios de Comercio, Matías Tombolini, y de Política Económica, Gabriel Rubinstein.
«Le pedimos a la gente, porque dentro de los beneficios previstos para los próximos días hay beneficios impositivos pensados para aquellos que hagan compras en los mercados formales, que no caigan en el mercado informal», expresó el ministro de Economía.
Además, se suma un programa de créditos a tasa subsidiada para las pymes proveedoras de supermercados.
De esta manera, el Estado resigna recaudación para evitar que el incremento de los costos se traslade a precios, aclararon desde la cartera económica.
Las empresas que incrementen sus precios por encima del 5% serán sancionadas y se les quitarán los beneficios fiscales, precisaron desde el Palacio de Hacienda, en tanto Massa advirtió que «aquellos que no lo cumplan se les hará sentir todo el peso y rigor de la ley».
