Exactamente una semana después de la segunda Marcha Federal Universitaria, el Gobierno se enfrenta este miércoles a la primera batalla legislativa para sostener el veto presidencial al proyecto de financiamiento de las casas de altos estudios, aunque advierte que la medida se va a judicializar si la oposición logra insistir con la iniciativa.
Sin los números garantizados, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, continuaba hasta último momento con las negociaciones para tratar de conseguir el apoyo de los espacios dialoguistas que le permitirían al oficialismo ratificar la decisión de Javier Milei en la sesión que comenzará a las 11:00.
Si bien gran parte de la actividad del día previo se desarrolló en el Congreso, en la Casa Rosada siguieron de cerca los acontecimientos, una vez más, y confiaban en alcanzar un triunfo sobre la base de varias ausencias y algunos respaldos de último minuto.
Con Oscar Zago de viaje en España por cuestiones personales, La Libertad Avanza perdió un aliado clave, ya que el jefe del bloque del MID suele acompañar la posición del Poder Ejecutivo, aunque los otros dos integrantes de la bancada, Eduardo Falcone y María Ibáñez, sí estarán.
Por su parte, la libertaria Lilia Lemoine, que estuvo recorriendo Ucrania en medio de la guerra con Rusia, volvería a tiempo a Buenos Aires para dar su voto.
Los números que se manejan en los despachos en Diputados muestran que hay entre 80 y 84 votos a favor del veto, 160 a 164 por la insistencia en la norma, 4 ausentes y entre 11 y 13 en duda. En este escenario, nadie puede asegurar si logrará imponer su postura hoy en el recinto y la incertidumbre reina en todos los bloques.
En paralelo, el Gobierno continuó hablando con los gremios universitarios, pero sin llegar a un acuerdo entre las partes, y un día antes de la votación anunció un aumento de la Garantía Salarial Docente, que es el sueldo mínimo que los profesionales cobran de bolsillo por cargo y luego de descontar los aportes obligatorios.
El incremento será retroactivo e implicará que desde el 1 de julio pasado el salario en cuestión tenga un piso de $420.000, lo cual se suma a la suba del 6,8% para personal docente y no docente de las Universidades Nacionales para octubre, que sigue por debajo del reclamo sindical.
Si la Cámara de Diputados insiste con el proyecto, el veto pasará a ser discutido en el Senado, donde el Gobierno tiene un escenario aún más complicado y los representantes del oficialismo todavía no comenzaron a conversar sobre el asunto con los otros bloques.
Hasta este martes, de hecho, la vicepresidenta Victoria Villarruel todavía se encontraba en España, donde participó de la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas (ONU) sobre Víctimas del Terrorismo y llevó adelante una agenda propia.
Por su parte, poco antes de partir para Córdoba para disertar en un encuentro de empresarios, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, recibió en su oficina de la Casa Rosada a los senadores del flamante bloque Provincias Unidas, de vínculo fluido con gobernadores de distintas regiones del país.
Fuente: Infobae
